Bachillerato

Se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). En este período, las polémicas y divergencias se han disparado. Las sentencias judiciales y el descontento de muchos padres y asociaciones educativas vuelve a dejar ver que el problema educativo en España sigue sin resolverse a pesar del compromiso del PSOE. Los datos son muy claros: el abandono escolar no baja y a esto se suman nuevos problemas como la violencia en las aulas o la enseñanza de religión.

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha dicho que estudiará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Bachillerato para ver si hay alguna posibilidad de "salvar" el principio de flexibilidad y de estímulo de los alumnos de primero con asignaturas aprobadas.

La organización de padres de alumnos Ceapa se ha manifestado este martes "disconforme" con que el Tribunal Supremo anule la regulación del Bachillerato que permite a los alumnos de primero con tres o cuatro asignaturas suspensas repetir el curso o matricularse de las pendientes y de dos o tres de segundo.

El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad, en la sesión de control al Gobierno, ha señalado que el Tribunal Supremo "ha dado un mazazo a la política educativa socialista que durante años no ha premiado el esfuerzo".

La sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el regulamiento por Real Decreto mediante el que se pretendía que alumnos de 1º de Bachillerato con hasta cuatro asignaturas suspensas pudiesen cursar materias sueltas de 2º, ha evitado, como denuncian la CECE y la ANPE que el Gobierno "maquille el fracaso escolar" para llegar a las exigenicas de la OCDE, que pretenden reducir el fracaso escolar al 10 por ciento en 2010, frente al 30,9 por ciento que mantiene España.

La Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba) y el Partido Popular han recibido con alegría la sentencia del Supremo. El PP ha calificado los hechos de "buena noticia", ya que ello suponía un "deterioro educativo". Concapa ha dicho que la regulación suponía "una verdadera barbaridad".