castilla la mancha

Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma más endeudada de España, ha confirmado este miércoles que empezará a pagar las deudas que tiene contraídas con los proveedores a partir del próximo mes de junio.

Casi todos los alcaldes socialistas de la provincia de Ciudad Real se han encerrado este miércoles durante las próximas 48 horas para pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por María Dolores de Cospedal, que asuma sus nóminas atrasadas y se cumpla el calendario de pagos acordado.

María Dolores Cospedal ha escrito en una entrada en su blog que su Gobierno se ha encontrado con "la peor herencia de la historia de nuestra democracia". La presidenta de Castilla-La Mancha explicaba así las medidas de ahorro para la región que anunciaba este mismo viernes, como la bajada del sueldo de los funcionarios y la privatización de la gestión de los hospitales.

Según un informe de la Sindicatura de Cuentas, la deuda que dejó el anterior gobierno de Castilla-La Mancha supera en 200 millones las estimaciones calculadas por la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La cifra asciende a más de 2.800 millones de euros según dicho informe que apunta a prácticas como el pago de subvenciones no contabilizadas o el "bloqueo selectivo" del sistema de control económico-financiero de la Junta. En total hay, dice, 167.727 facturas sin contabilizar

Casi todas las comunidades autónomas rechazan la posibilidad de privatizar sus televisiones autonómicas, y sólo Madrid y Castilla-La Mancha apuestan por vender sus entes públicos.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado este jueves declarar la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC), ya que en ella confluyen "los valores históricos, artísticos y etnológicos que la hacen merecedora de la protección".

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha presentado este viernes una nueva batería de medidas de ahorro entre las que se encuentra una bajada salarial y un aumento de la jornada laboral de los empleados públicos, así como la gestión y construcción "público-privada" de varios hospitales.

"De manea inminente", los liberados sindicales institucionales y las ayudas a organizaciones sindicales se eliminarán del Gobierno Balear. Así lo ha indicado el equipo de gobierno presidido por José Ramón Bauzá (PP), cuyas propuestas deberán aprobarse en una próxima reunión del Consell de Govern. De este modo, Baleares se suma a las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura que, gobernadas por el PP, han puesto en marcha medidas para atajar la crisis.