CATALUÑA

Este domingo, 211 municipios catalanes, entre ellos Gerona y Lérida, acogen la tercera oleada de consultas independentistas que se celebra en la región. Las presiones nacionalistas al Tribunal Constitucional, que ha rechazado el quinto borrador de sentencia sobre el recurso contra el Estatut, y las ejercidas sobre el PSOE y el PP para que renueven la composición del Alto Tribunal han elevado el tono del debate. Una tensión agravada por la proximidad de las elecciones en Cataluña y el hecho de que los sondeos otorguen la mayoría absoluta a CiU.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido a los magistrados del Tribunal Constitucional "agilidad" y "un esfuerzo" para que cuanto antes haya una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Por su parte, el PSOE ha acogido con "normalidad" la decisión del Constitucional de prorrogar el debate y ha reiterado su convencimiento en la constitucionalidad del texto.

El pleno del Tribunal Constitucional, que este jueves volvió a reunise para seguir discutiendo sobre el recurso del PP al Estatut de Cataluña, suspendió la sesión a mediodía, sin que hubiera producido un acuerdo sobre el fallo. Los 10 magistrados del tribunal vuelven a reunirse este viernes para seguir deliberando.

La discusión en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña, recurrido hace más de tres años y medio por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas, puede acercarse al final si en la reunión del pleno convocada para este miércoles los magistrados aproximan posturas.

Aunque ha asegurado que a él no le interesa, el portavoz de CiU en el Congreso y líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, ha abogado en una entrevista en La Vanguardia por incluir a ministros nacionalistas en el Gobierno español para que "el catalanismo político se implique en la gobernación de España".

José Montilla y Artur Mas "exploran" estrategias en defensa del Estatut en el seno del Parlamento catalán. El objetivo es lograr una postura unitaria y con ella ir a Madrid para exigir que el Constitucional respete el texto que aprobó la cámara autonómica, después de exigir al presidente del Gobierno y al líder de la oposición una renovación "inmediata" de los miembros del tribunal.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al líder del PP, Mariano Rajoy, que abran de manera "inmediata" las negociaciones para la renovación "inexcusable" del Tribunal Constitucional (TC).

El conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha asumido la ponencia de la sentencia sobre el Estatut después de que la magistrada Elisa Pérez Vera -progresista- haya renunciado a elaborar un nuevo texto. Entre otras lecturas, este giro provocará que la resolución no se conozca antes de las elecciones catalanas -en otoño- para no interferir en la campaña.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, y el abogado y ex dirigente de CiU Miquel Roca Junyent han advertido de que España será "la principal víctima" de una sentencia que recorte el Estatut catalán, y se han mostrado seguros de que el Tribunal Constitucional respetará la integridad del texto.

Más de tres años y medio después de que el PP recurriera el Estatuto de Cataluña, y de que también lo hicieran el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional parece por fin preparado para someter el texto a su examen final, pero sin ninguna garantía sobre el resultado.

Nervios y cálculos electorales a pocos días -o eso parece- de que se produzca, cuatro años después, la esperada sentencia del Estatuto de Cataluña. El grueso de los partidos defiende que el Constitucional no modifique ni una coma del texto, con especial beligerancia en el caso de ERC. CiU, en un tono más moderado, afirma que la única sentencia buena es la que devuelva el documento que aprobó el Parlamento autonómico. Además, el presidente del Gobierno apostó este jueves por reforzar las "relaciones bilaterales entre España y Cataluña" en presencia de Montilla, que ha pedido la unidad de los demócratas si el tribunal opta por tumbar la legislación.