La Corte Penal Internacional (CPI), a la que el juez español Baltasar Garzón ha solicitado su traslado, es el órgano permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad y está considerada como el embrión de la Justicia universal.
Colombia, azotada por un largo conflicto armado, quedó a partir de este domingo bajo la égida de la Corte Penal Internacional (CPI), que podrá investigar crímenes de guerra cometidos por paramilitares, guerrilleros, miembros de la fuerza pública y altos cargos, incluidos los presidentes.
Sudán ha anunciado que no entregará al presidente, Omar Hasan al Bachir, a la Corte Penal Internacional (CPI), tras la orden de arresto en su contra, y ha expusado a diez ONG de Darfur. Oxfam y Save the Children ya han advertido del impacto que tendrá su expulsión.