ere irregulares

Según el ex abogado de la familia Ruiz Mateos, Joaquín Ybancos, el ex sindicalista imputado por el caso de los ERE irregulares, Juan Lanzas, cobrara unos 600.000 euros en dinero negro por cada expediente que tramitaba.

El presidente del Gobierno ha advertido hoy de que Andalucía "no son los ERE" ni "unos señores que están hoy en las primeras páginas" de los periódicos y ha abogado por un cambio político en la Comunidad, en alusión a la decisión de la jueza Mercedes Alaya de enviar a prisión al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. En su intervención en un acto de campaña de las elecciones andaluzas celebrado en Almería, Rajoy ha anunciado, además, que habrá más reformas porque "lo irresponsable sería no gobernar".

A dos semanas de que las urnas decidan quién será el próximo presidente de la Junta de Andalucía, el actual jefe del gobierno andaluz, José Antonio Griñán, no da abasto para tapar las vías de agua y silenciar las acusaciones derivadas de los ERE irregulares. Polémicas grabaciones inculpatorias, declaraciones ante la juez Alaya, decenas de imputados... El presidente del Sindicato de funcionarios andaluces denuncia el "descontrol" en la gestión pública y no se atreve a pronosticar hasta dónde puede llegar la trama.

En apenas cuatro años, de principios de 2008 a finales de 2011, la tasa de desempleo en Andalucía se ha duplicado pasando del medio millón de desempleados a los 1,2 millones actuales. Estas dramáticas cifras conviven con las millonarias subvenciones que la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán destina a los sindicatos, CCOO y UGT principalmente, que, lejos de paliar la problemática, reinvierten gran parte de esas ayudas, más de 50 millones de euros, a cursos y programas dirigidos a gente ocupada y a gastos propios.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso.

A escasos cinco días de que las urnas andaluzas elijan un nuevo presidente de la Junta, los dos principales candidatos, José Antonio Griñán y Javier Arenas, queman todos sus cartuchos para hacerse con la victoria. Mientras el socialista reconocía esta mañana que el caso de los ERE le pasará factura en las elecciones por aglutinar hechos "gravísimos, Arenas, que sigue optando por la cautela, aboga por la creación de un Estatuto del Mundo Rural.

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha determinado que fueron casi 900 las ayudas concedidas de forma irregular a miembros y amigos del PSOE, con un importe total de 933 millones de euros.

La juez que investiga los ERE fraudulentos cree que el Gobierno andaluz pudo haber "ideado un sistema" para eludir controles de la UE, lo que podría generar en el futuro una "responsabilidad para España como Estado miembro". La magistrada Mercedes Alaya responde en un auto a las alegaciones del letrado de la Junta y afirma que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación a gran parte de las ayudas otorgadas".

El próximo 25 de marzo, José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía, se juega el todo por el todo en unas elecciones autonómicas que se presumen históricas. A pesar de que la región ha sido un bastión socialista durante más de dos décadas, el Partido Popular está más cerca que nunca de arrebatarle la Junta al PSOE-A, que se está viendo salpicado por numerosos escándalos. La imputación este viernes del actual director general de Trabajo andaluz, Daniel Alberto Rivera, es el último episodio de una lista de contratiempos que pueden terminar con las aspiraciones de Griñán.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado a la Junta de Andalucía de "ocultar" a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, documentación sobre "el presunto pago de comisiones ilegales y escandalosas" por parte de la Administración andaluza a distintos intermediarios en la tramitación del conjunto de las pólizas de los ERE, unas comisiones que, según ha apuntado, podrían oscilar entre los 150 y los 200 millones de euros.