Etarras

La gran mayoría de los lectores de EL IMPARCIAL lo tienen claro: Sortu, la nueva cara de Batasuna según han confirmado la Policía y la Guardia Civil, se presentará a las elecciones autonómicas.

La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes que ha tomado la decisión de presentar una demanda ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para instar la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos "tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior". Según una nota difundida por el Ministerio Público, la demanda se interpondrá empleando la vía del incidente de ejecución de sentencia, al considerar que Sortu "es una continuación de Batasuna" que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003.

Un documento redactado por la banda terrorista Eta en 2009 en el que remarca que su proceso político no pasa por el alto el fuego puede supone la prueba definitiva para vincular a la nueva formación abertzale, Sortu, con la banda terrorista. Los estatutos del grupo político hacen mención al 'Proceso Democrático', un concepto que ya usó Eta en sus informe internos y que en ningún caso contemplaba el alto el fuego o la entrega de las armas.

La Guardia Civil y la Policía Nacional lo tienen claro: Sortu, el partido político recientemente creado por la izquierda abertzale para poder presentarse a las elecciones autonómicas, es un instrumento de Batasuna al servicio de Eta. Así lo ha expresado ambos cuerpos en sendos informes remitidos al Ministerio del Interior.

Sólo dos años de que el Gobierno español le impidiera hablar en el Parlamento británico sobre el conflicto vasco, Brian Currin ha logrado audiencia en la Cámara británica para el próximo miércoles.

En una declaración por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, tres ex guerrilleros de las FARC han confirmado que dos miembros de ETA les adiestraron en el manejo de explosivos en Venezuela.

Miles de personas se manifiestan esta tarde en Madrid convocados por la plataforma Voces contra el Terrorismo para manifestar su oposición a cualquier negociación con la banda terrorista ETA.

A pesar de la opinión de Policía y Guardia Civil, que han manifestado que Sortu es el instrumento de Batasuna al servicio de Eta, y de que la Fiscalía va a pedir al Supremo que prohíba la inscripción de Sortu al considerar acreditado que es "una continuación" de la ilegalizada Batasuna, miles de personas se han manifestado este sábado en Bilbao para pedir la legalización del nuevo partido.

El juez Pablo Ruz, que investiga en chivatazo del caso 'Faisán', recibió los recelos de José C., el mando que supervisaba al equipo de vigilancia del establecimiento, sobre los magistrados Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska por la instrucción que realizaron ambos sobre los atentados del 11-M.

Tras el revuelo causado por Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalidad Valenciana, en las que afirmaba que el Gobierno pudo entregar dinero de los fondos reservados durante la tregua de 2006 a los etarras en el bar Faisán, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) confirma que hubo envío de dinero en el establecimiento aunque no tiene constatación de vinculación alguna con el Ejecutivo centra o regional.

Tras haber presentado a Sortu como la gran alternativa de la izquierda abertzale para los próximos comicios autonómicos, los radicales vascos, temiendo que no puedan concurrir a las elecciones, amenazan que estarán presentes en las urnas con o sin la nueva formación de paraguas.

Tras el anuncio de la reformada Batasuna en el que reconoce su rechazo a cualquier forma de violencia, incluyendo la de Eta, las reacciones no se han hecho esperar. Desde Ferraz se califica la noticia como de "mejora notable" mientras que el PP defiende que la nueva formación siga sin poder presentarse a los comicios autonómicos.

El PP opina que el llamado caso Faisán "pende cada vez más" sobre la cabeza del vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien acusa haber estado dos años "engañando" a los grupos parlamentarios y a la sociedad en general. Así se ha manifestado el diputado popular Ignacio Gil Lázaro tras conocer que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso en sustitución del juez Baltasar Garzón, ha pedido identificar los tres usuarios de unos teléfonos del Ministerio de Interior, desde los que supuestamente se hicieron unas llamadas a los imputados en esta causa.