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En su momento más bajo, el presidente del Gobierno se postra ante Puigdemont para tratar de salvar una legislatura tocada de muerte.

Junts y ERC presionan a la Moncloa por la inversión en Cataluña y la ejecución de las obras públicas.

Tras un conato de acercamiento, Gobierno y oposición intercambian acusaciones a cuenta de los privilegios concedidos a los independentistas.

Las empresas catalanas recibirán 3.000 millones de los 14.100 del plan.

El partido de Puigdemont, cuyo voto es decisivo, ha mostrado un "rechazo absoluto" a la ley, por ser un "ataque frontal" contra las empresas "catalanas".

Cataluña recibirá entre 20 y 30 menores de los 4.000 que se trasladarán desde Canarias y Ceuta.

El partido de Puigdemont alardea del reparto, mientras que el PP acusa al Gobierno de "mercadear con menores".