El riesgo de hacer habitual lo extraordinario

El Gobierno ha presentado las cuentas del Reino para el presente ejercicio. Son unos presupuestos extraordinarios, decía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante los diputados y periodistas que seguían sus explicaciones. Son extraordinarios, sí, por la fecha en que se han presentado. Por los recortes en los ministerios y por la situación económica actual. No es lo único extraordinario respecto de estas cuentas. El Gobierno se las ha presentado a un delegado del gobierno alemán antes que al Parlamento español. Algo que va mucho más allá de la cortesía diplomática, de la atención con el gran acreedor alemán, y que atenta contra la idea misma de la democracia. Las cuentas deben rendirse, antes que a nadie, ante el pueblo que las va a pagar y, en su caso, aprobar, si procediera: los contribuyentes españoles. Este paso en falso demuestra lo confusas que tienen demasiados políticos españoles temas elementales pero fundamentales.

Ya en materia, los presupuestos cumplen formalmente con nuestros compromisos de reducción del déficit. Cuentan con un ajuste en el gasto discrecional, al que se añade un sacrificio de casi la misma cuantía por parte del bolsillo de los españoles. Una parte de ese sacrificio pasa por lo que se ha llamado amnistía fiscal. Consiste en el perdón de las sanciones para el dinero oculto al fisco, más su regularización, a cambio del pago de una tasa que, según el caso, puede ser del 8 o del 10 por ciento.

También a esta medida, como a la subida de impuestos, el Gobierno le ha colgado el epíteto de extraordinaria. Pero las amnistías fiscales son ya una habitual medida extraordinaria. Tan habitual que ya no puede engañar a nadie. Y que cualquier contribuyente sabe que, pasado un tiempo, otro gobierno alegará la situación de excepción para justificar todavía una amnistía más. Eso quiere decir que ocultar el capital a la Hacienda puede resultar beneficioso. Esta decisión podría aumentar los ingresos este año, aunque la cuantía es imprevisible, pero a largo plazo sus efectos serán negativos. Es comprensible el deseo del Gobierno de reducir el enorme agujero entre ingresos y gastos, pero esta es una decisión muy comprometida y que podría tener efectos a largo plazo negativos para la Hacienda y lesivos para el principio de equidad fiscal.