El Tribunal de Cuentas cerca a la Junta de Andalucía

El auto del Tribunal de Cuentas por el que se acuerda abrir una investigación y el nombramiento de un instructor por el caso de los expedientes de regulación de empleo -ERE- fraudulentos de la Junta de Andalucía apunta a lo que parece irse configurando como uno de los casos de corrupción más graves de Andalucía. No es el único pero quizá termine por resultar el más extendido y el más característico de una administración socialista demasiado prolongada en el tiempo, hasta combinar irresponsabilidad e impunidad. La resolución judicial incide en que los hechos en cuestión “permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos”. Eso es tanto como sugerir un comportamiento irregular sistemáticamente negado por dirigentes socialistas tanto locales como nacionales.

Sería bueno que Ferraz tomara cartas en el asunto antes de que lo haga la justicia -que lo hará-. Cada vez parece más claro que tanto Griñán como Chaves sabían bastante más de lo que reconocen. Sus únicos argumentos son las insidias contra quienes han denunciado la trama, y la manida “confianza en la justicia”. Confianza precisamente es lo que han dilapidado los socialistas en Andalucía. Confianza que durante tres décadas los andaluces depositaron en ellos, y confianza que ahora quiebran con una actuación tan bochornosa como inmoral. Si fueran otros lo que lo hubieran hecho, a estas alturas el PSOE se habría echado a la calle exigiendo dimisiones. Pero no es el caso. Si el Tribunal de Cuentas acredita la comisión de las irregularidades hasta ahora denunciadas, Ferraz tendrá que asumir un reto del que probablemente no sepa cómo salir. Bien haría en ir anticipando acontecimientos, aunque, desgraciadamente, los partidos políticos suelen ser más partidarios de “sostenella” que de enmendarla.