La Sanidad pública no se desmantela

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad compareció en el Parlamento para avanzar las iniciativas que se pondrán en marcha en el macroministerio del que es titular. La señora Mato explicó más de veinte reformas y proyectos, entre los que se encuentran el encargo de un informe médico-científico que determine con rigor los efectos que puede provocar la denominada píldora del “día después” y así decidir si se seguirá o no dispensando en las farmacias sin receta, como estipuló el Gobierno de Rodríguez Zapatero —en un acto que tuvo mucho de irresponsabilidad y demagogia-, un plan de apoyo a las embarazadas, especialmente a las más jóvenes, en el que se ofrezcan alternativas al aborto, mejoras en la Ley de Dependencia, mayor colaboración público-privada en los hospitales, así como medidas para reducir los costes hospitalarios sin afectar a la calidad de la atención. También la ministra anunció un programa de protección personalizada para las víctimas de la violencia de género y el total apoyo a la familia, “a cualquier familia”, precisó; es decir, no solamente a la considerada tradicional.

Entre los propósitos de su ministerio destaca la idea de implantar una tarjeta sanitaria única que tenga validez en cualquier servicio de salud, independientemente de la Comunidad Autónoma en que se reside. Sin duda, es este un objetivo prioritario. Es preciso que se vertebren las diecisiete Consejerías de Sanidad para que dejen de producirse situaciones que resultarían esperpénticas si no fuera por la gravedad de lo que se trata. Como han denunciado muchas veces los ciudadanos se han dado no pocos casos en los que un paciente solicitaba atención médica en una Comunidad que no era la suya y no era atendido con excusas o razones burocráticas. Ana Mato deberá buscar fórmulas sin dilaciones para que pueda implantarse esa tarjeta sanitaria única y no se olvide, como hasta ahora parece que venía sucediendo, algo tan elemental como que las personas, los ciudadanos, son más importantes que los territorios.

La señora Mato ha desgranado un plan coherente y beneficioso para los ciudadanos, por más que ciertas informaciones interesadas lo presenten de manera alarmista, quizá con la intención de ir calentando motores para una posible huelga general. Y, sobre todo, la titular de Sanidad ha puesto claramente de manifiesto que el Partido Popular no tenía un programa oculto - como se empeñaba el PSOE en “vender” a los españoles ante los pronósticos de desastre electoral, confirmados en las urnas-, uno de cuyos puntos básicos y más secretos era, según el PSOE, el desmantelamiento de la sanidad pública. Está claro que el Gobierno no solo no va por esa senda, sino que pretende mejorar la asistencia sanitaria pública. Obviamente, una cosa son las intenciones y otra las realidades. En estos momentos de crisis, la tarea de la señora Mato, como la del Ejecutivo de Rajoy en su conjunto, no será fácil. Pero ello no debe ser obstáculo, sino, al contrario, acicate para llevarla a la práctica sin retrasos.