México: utilización de un crimen con fines políticos

El jueves 20 de agosto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso estatal del estado de Guerrero, México, fue asesinado por sicarios. La Procuraduría de Justicia de Guerrero (Fiscalía estatal) inició una investigación en dos líneas: narcotráfico y problemas políticos. Todos los partidos políticos en el Senado condenaron el asesinato del diputado local, quien para muchos sería el candidato del PRD, el principal grupo de la izquierda en México, a gobernador de Guerrero en 2011.


La muerte de Chavarría Barrera, sin embargo, ha generado conflictos que van más allá de la investigación policíaca y el proceso judicial. Jesús Ortega, líder nacional del PRD, calificó inmediatamente el asesinato como un crimen político, mientras que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, también miembro del PRD, declaró que es aún pronto para decir si el móvil es político y que se debe esperar a los resultados de la investigación. De igual forma, varios dirigentes del PRD en el estado de Guerrero solicitaron que sea la Procuraduría General de la República (Fiscalía federal) la que lleve a cabo la investigación y no la estatal, por considerar que esta última carece de confianza y ha sido ineficiente en el esclarecimiento de otros crímenes cometidos en el estado; entre ellos, la muerte de otros miembros del PRD menos prominentes.


El asesinato del diputado local pone de relieve dos asuntos. Por un lado, el estado de Guerrero, ubicado en la costa sur del Pacífico, ha visto en los últimos años incrementarse significativamente el índice de violencia y delincuencia vinculada con el narcotráfico, incluso de manera visible en lugares turísticos como el puerto de Acapulco. Por otra parte, el manejo y las declaraciones que se han hecho respecto al crimen han puesto de manifiesto, una vez más, la profunda división dentro del partido de izquierda PRD, ya percibida en las elecciones legislativas del pasado mes de julio. Lo que queda como evidente es que la muerte de Armando Chavarría es un ejemplo del alto grado de inseguridad que vive el país y de la necesidad de contar con instituciones fiables y eficientes, así como de políticos responsables que no utilicen un hecho lamentable para fines e intereses personales.