opinión

La solución es bien sencilla. Si el Informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica responde a la realidad, Camps deberá dimitir de la presidencia de la Comunidad Valenciana por haber organizado una Filesa para la financiación irregular del Partido Popular. Si ese informe se demuestra falso, entonces corresponde a Alfredo Pérez Rubalcaba presentar su dimisión fulminante y abandonar el ministerio del Interior.

Las espadas están en alto, con Rajoy y Zapatero al fondo, ambos comprometidos, en todo caso, por la gravedad de lo que se ha planteado hoy ante la opinión pública. Aparte las historias de los trajecitos, lo que ahora denuncia el PSOE, a través de la mano de Rubalcaba, es la financiación ilegal del PP valenciano. El Informe acumula datos, conversaciones, intervenciones, enjuagues, un auténtico estercolero, el albañal de los desagües del partido.

Aznar ordenó la creación de una comisión interna de investigación en el caso Naseiro. Si Rajoy quiere salir con las manos lavadas del embrollo actual deberá hacer lo mismo. El asunto no se puede tomar a la ligera. La Unidad Central de Delincuencia Económica cree haber demostrado un gravísimo delito perpetrado por los dirigentes del PP valenciano. Y aunque está claro el propósito de Zapatero de fragilizar por cualquier medio la solidez popular en Valencia, eso no significa que se pueda eludir, como tal vez pretender hacer Rajoy con su invencible tendencia al avestruz, la respuesta a lo que la investigación policial denuncia.

O Rubalcaba o Camps. En limpieza democrática uno de los dos debe caer cuando se demuestre la verdad o la falsedad del Informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica. Ni uno ni otro se pueden salir ya por la tangente.