opinión

Los diputados, mansurrones y lanares como decía Ortega, han votado lo que era de esperar. De acuerdo el PSOE y el Partido Popular, las votaciones carecen de color. Las enmiendas fueron abrumadoramente rechazadas y la reforma constitucional quedó aprobada por los escaños que representan a más del 80% del pueblo español.

Las exigencias europeas de Trichet y Merkel aconsejaban fijar en la Constitución española límites al déficit y la deuda. Los alemanes no quieren seguir pagando los despilfarros de nuestra clase política. La inmensa mayoría de los diputados, incluso los pertenecientes a grupos que se han abstenido, estaban de acuerdo con el fondo de la cuestión. Lo que a casi nadie le ha parecido bien es el procedimiento canicular y urgente que se ha establecido, sin debates de fondo, sin información cabal a la opinión pública, sin tiempo y con premura. Ignacio Camacho ha resumido certeramente la necesaria reforma y la tropelía del procedimiento: “Este mal arreglo improvisado in extremis tiene virtudes objetivas que compensan errores de método y trámite”.

Lo mejor, en todo caso, de lo ocurrido en estos días es que Zapatero, con el rabo entre piernas, se ha visto obligado a retornar al espíritu de la Transición, que estableció el pacto entre el centro derecha y el centro izquierda para las grandes cuestiones de interés nacional: terrorismo, territorialidad, política internacional, reforma constitucional… La estabilidad de los últimos treinta años deriva de ese pacto de Estado. Zapatero decidió cambiar de socio constituyente, arrumbó al Partido Popular en los desvanes de la Historia y se entendió con los grupos secesionistas periféricos, provocando el desconcierto y la inestabilidad. Ahora, acorralado por Europa, ha tenido que rectificar.