Sobre la regulación del aborto

Como era de esperar, el nuevo anteproyecto sobre la Ley del Aborto ha venido cargado de polémica. Se trata de un asunto tan espinoso como importante, por lo que todo debate en torno al mismo debería desterrar argumentos tanto demagógicos como ideológicos. No es el caso. PSOE, Izquierda Unida y colectivos feministas han hecho bandera de la demagogia, destacando una vez más por lo grueso de sus declaraciones la socialista Elena Valenciano, para quien esta ley “está dictada contra las mujeres por la extrema derecha”.

Más allá de lo extemporáneo de sus palabras, quizá la señora Valenciano debería volver la vista atrás y comparar el actual anteproyecto con la ley aprobada en 1985, gobernando el PSOE. Dicha ley no es especialmente diferente a la actual, aunque sí a la aprobada en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Baste la mera nomenclatura para percibir el espíritu de ambos textos normativos: la de Zapatero, “Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”; la promulgada este pasado viernes, “Ley de Defensa de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada”.

A diferencia del actual marco normativo, donde el aborto era prácticamente libre hasta la semana 14 de gestación, a partir de ahora las mujeres que deseen interrumpir su embarazo deberán cumplir un período de reflexión de siete días antes de dar su consentimiento. Además, aquellas que se acojan al supuesto de “grave peligro para su vida o su salud psíquica” tendrán que recabar dos informes médicos que acrediten ese riesgo para, a continuación, recibir información verbal sobre las consecuencias médicas de la intervención. Aval médico y reflexión no parecen, en todo caso, elementos desdeñables en una cuestión tan trascendente. Y es que el aborto es un tema lo suficientemente serio como para utilizarlo como arma arrojadiza en el ámbito político y social.