opinión

Los embustes de Zapatero a la opinión pública y a su propio Gobierno han quedado de manifiesto en las informaciones sobre la negociación política con Eta que han publicado varios periódicos. Las actas ahora difundidas son solo la punta del iceberg de la infamia que, al comienzo de su primera legislatura, cometió Rodríguez Zapatero cuando tuvo la ocurrencia de convertirse en “el pacificador”, soleado por las expectativas del Premio Nobel.

La negociación política, que en sí misma resultaba inaceptable, sobrepasó incluso los límites de la indignidad para instalarse en la infamia del caso Faisán, amén la anulación de la “doctrina Parot”, la excarcelación de De Juana Chaos, la orden de no practicar detenciones y el indulto para etarras con delitos de sangre. Un jurista ilustre con el que conversé hoy me decía que todo eso podría constituir causa de delito de colaboración con banda armada.

El asunto reviste extraordinaria gravedad. En su deseo de llegar a un acuerdo con Eta en un proceso de paz, que fue un proceso de rendición, Zapatero traspasó, tal vez, los límites de la ley y pudo incurrir en un delito de colaboración con banda armada, claramente tipificado en el código penal. Si alguna asociación de víctimas inicia un procedimiento contra él, acusándole de ese delito, el presidente dadivoso lo va a pasar muy mal. La opinión pública, además, está indignada por la ignominia que suponen para el decoro de España la negociación zapatética, según las informaciones publicadas.

¿Zapatero, colaborador de banda armada? Esta es la pregunta que se hacen muchos juristas en España. A mí me falta información contrastada suficiente para despejar el interrogante. Dejo al lector de El Imparcial que se haga su propio juicio.