Enriquecimiento lícito. Segunda parte

Como muchos argentinos, también cifré alguna esperanza en que el fiscal de la causa o, en su defecto, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas apelaran el fallo de primera instancia mediante el cual el juez Norberto Oyarbide sobreseyó al matrimonio Kirchner en los cargos por enriquecimiento ilícito que pesaban en su contra.

Esperanzas baldías. El pasado lunes venció el plazo para la apelación y, por lo mismo, la sentencia permanecerá firme a no ser que milagrosamente pueda probarse que el juez, el fiscal, o ambos, incurrieron en algún delito o fueron directamente presionados.

El mutismo del fiscal no hizo sino alentar la presunción de que, una vez más, la justicia argentina ha consagrado la impunidad de los poderosos. Desde luego, faltaríamos a la verdad si dijésemos que ya no quedan magistrados probos en la Argentina. Sin embargo, da la casualidad de que siempre que se trata de causas que involucran al poder político, en las que está en juego la credibilidad de la justicia y, al cabo, de las instituciones, los únicos culpables parecen ser los ciudadanos comunes que, malpensados e insidiosos, ven corrupción donde no la hay y prejuzgan porque sí.

Desentrañar las causas del fracaso argentino ha de ser un verdadero rompecabezas para aquellos estudiosos que todavía se afanan en considerar que este país ha sido bendecido por la naturaleza y tiene por delante enormes posibilidades de progreso. Lamentablemente, actitudes como las del juez Oyarbide y el fiscal Eduardo Taiano distan mucho de hacernos pensar en esa dirección y más bien dan pábulo a un generalizado descreimiento.