¿Hay recetas para pagar el despilfarro?

La crisis y el despilfarro de las administraciones públicas durante los últimos años resquebrajan el estado del bienestar. Analistas políticos consultados por este diario señalan que los pilares en los que se ha movido la sociedad española durante las últimas tres décadas en materia social, la educación, la sanidad, las pensiones y el derecho al paro se encuentran en una encrucijada de difícil solución. “Las vacas gordas ya no existen, y guste o no guste, España se enfrenta a una situación que hace muy difícil sostener el estado del bienestar tal y como lo teníamos entendido hasta ahora”, subrayan. Y con problemas coyunturales y estructurales de gran envergadura. Un déficit público desmesurado que obliga a recortes por todos los capítulos presupuestarios. “La pólvora del rey ya se ha acabado –señalan las mismas fuentes- y ahora, sin munición en las arcas del Estado, la realidad señala que con los crecimientos negativos de la economía española, con miles de personas que cada mes van al paro, con más de 5.300.000 personas en el desempleo, los fondos para cubrir esos pilares del bienestar ya no llegan”. Y ahora, indican esas mismas fuentes, es cuando nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo.

Empezó con la educación, pero la propuesta de CiU en Cataluña del copago en las recetas expedidas por los médicos del sistema público de salud ha abierto otra llaga. Con la abstención del PP, la Generalitat podrá poner en marcha un sistema para cobrar un euro por cada prescripción de medicamentos de sus facultativos. Por cierto, como recuerdan las mismas fuentes, la misma Generalitat catalana que por otra parte se niega a reducir gastos eliminando sus “embajadas” en el extranjero, tal y como le solicitó el Gobierno del PP para no poder su influencia internacional y la misma que dará apoyo jurídico, es decir pagando a abogados, a los ayuntamientos de esa comunidad que decidan eliminar la bandera de España de sus consistorios. O también la misma que no se ha opuesto a la insumisión fiscal del Ayuntamiento de Gerona contra la Agencia Tributaria, anunciando que todos sus ingresos impositivos se los trasladará a su su homóloga catalana.

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este jueves que no va a demonizar a ningún líder autonómico por este tipo de decisiones. Desde el Gobierno se ha reiterado el compromiso de la Administración por la sanidad pública de calidad, aunque la titular de Sanidad no ha querido entrar en este debate.

Evidentemente, esta nueva perspectiva ha entrado de lleno en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo 25. Desde el PSOE, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha apresurado a asegurar que lo dicho por Núñez Feijóo da por hecho que el PP aprobará este copago o repago en la sanidad pública. Lo mismo ha hecho el candidato socialista en esos comicios, José Antonio Griñán. Las fuentes consultadas por este diario señalan que, precisamente, “Andalucía no es la Comunidad Autónoma que más puede presumir de ahorro en su sistema público de salud, uno de los más deficitarios, cuando a costa de su erario paga operaciones como el cambio de sexo, siendo pionera en este aspecto y que incluso ha llegado ser el centro de referencia para estos casos para otras regiones españolas”.

En otras noticias del día, el Duque de Palma, según las fuentes consultadas, parece tenerlo cada día más difícil. Al hallazgo por parte de la Policía del ordenador de su testaferro, el ciudadano belga Robert Cockx, en el que pueden estar registrados todos los detalles de los negocios realizados por el Duque de Palma con la sociedad Aguas de Valencia y de la que, supuestamente se desviaron fondos a cuentas en Suiza, se ha unido hoy que su socio en Nóos, Diego Torres, declarará el próximo mes de mayo ante el juez José Castro. El magistrado, que en un auto conocido el miércoles expresaba todo tipo de dudas y reservas sobre la línea de defensa sobre Iñaki Urdangarín, podrá conocer entonces lo que tenga que decir Torres, que en su primera citación judicial se negó a declarar, y sobre quien el marido de la Infanta Cristina ha descargado toda la responsabilidad sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto que presidía.