La noticia afirma que el rescate económico fue de 1,2 millones de dólares, 766.188 euros, (según un responsable somalí). La noticia también abunda en que este dinero no salió de los fondos reservados, sino que lo aportó la empresa propietaria del buque: Pevasa (Pesquería Vasco Montañesa, SA), con sede en Bermeo.

El equipo del servicio secreto viajó en un B-707 a la base francesa de Yibuti. Sin embargo, el Gobierno encargó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se hiciera cargo de la entrega del rescate, después de que los secuestradores exigieran su pago en Somalia y ante la imposibilidad de que el armador pudiera efectuarlo por sus propios medios.

El miércoles 23 de abril, tres días después de la captura, voló desde Torrejón de Ardoz (Madrid) a la base francesa de Yibuti, al norte de Somalia, un Boeing-707 del Grupo 45. Aunque el avión tiene más de 100 asientos, llevaba sólo media docena de pasajeros: los miembros de un equipo del servicio secreto.

El CNI reclamó un avión con la máxima urgencia y el Ejército del Aire no disponía de otro en aquel momento (un Falcon 900, más pequeño, se había enviado a Nairobi para llevar a Mogadiscio al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto).

En Yibuti, los agentes del CNI contactaron con sus homólogos franceses y, en especial, con miembros del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), quienes se encargaron de pagar el rescate de 1,3 millones de euros a los secuestradores del velero Ponant el pasado 11 de abril.

Tras la liberación del Playa de Bakio, los seis agentes del CNI dieron por concluido su trabajo y regresaron a España. "La investigación sigue abierta, tanto a nivel español como internacional, pero no tiene sentido mantener personal desplegado sobre el terreno en un lugar tan peligroso como Somalia", afirman las fuentes consultadas.

La diferencia con el caso del Ponant es que el Gobierno español, al contrario que el francés, descartó una operación militar para capturar a los secuestradores y recuperar el dinero una vez liberados los rehenes. Y lo hizo desde el primer momento.

La prueba es que, aunque el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz, se incorporó al gabinete de crisis dirigido por la vicepresidenta Fernández de la Vega en Moncloa e incluso montó en su cuartel general una célula de coordinación, nunca se involucró en la crisis al Mando de Operaciones, responsable de diseñar y dirigir cualquier acción de fuerza.