Se cumplen 25 años de la expropiación de Rumasa

Es un fenómeno extraordinario que el valor de un holding de empresas pueda contarse en puntos del PIB de un país, pero eso es lo que ocurría con Rumasa, el conjunto de compañías de José María Ruiz Mateos. De la alimentación a la banca, pasando por la construcción o el textil entre otros. Eran 700 empresas creadas a partir de un modesto negocio de vinos creado en 1961. Rumasa constituía un imperio económico.

Pero era más débil de lo que pudiese parecer en un primer momento. Sus bancos habían acumulado mucho riesgo, algo de lo que comenzó a advertir el Banco de España desde 1975, y es que se dedicaron fundamentalmente a financiar los negocios de Rumasa, y la posición financiera de éstos comenzó a tambalearse. El Banco de España le enviaba requerimientos, pero Ruiz-Mateos no los cumplía; incuso ocultaba información. Finalmente, según unos informes elaborados por el Ministerio de Economía, el Gobierno se convenció, o al menos eso dijo, de que la empresa de la colmena en quiebra técnica. Entonces, decidió expropiarla.

No había instrumentos legales para hacerlo, pero ello no supuso ningún problema para el Gobierno. Había obtenido la primera mayoría absoluta de la nueva democracia, con un margen que no se volvería a alcanzar y que, de hecho, le permitiría mantenerse durante trece años. Nadie se le opondría. Y si hacía cumplir su voluntad, todo el empresariado, con el que no tenía entonces las estrechas relaciones trabadas más tarde desde el poder, recibiría un claro mensaje: aquí el que manda es el Gobierno de Felipe González.

A falta de otro instrumento, el Ejecutivo recurrió un decreto-ley de 23 de febrero de 1983, por “utilidad pública” e “interés social”. Luego sería convalidado por el “rodillo” socialista en el Parlamento. El Grupo Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la expropiación. ¿Cómo podía ser legal que el Gobierno le quitara la propiedad a un ciudadano con una ley hecha para una sola persona y por decreto ley? Las opiniones se dividieron en dos y la decisión última recaería en Manuel García Pelayo. El Derecho se encontraría, en principio, con un jurista prestigioso y reconocido como defensor. Pero las presiones del Gobierno de González fueron demasiado fuertes y cedió ante ellas.

A partir de ahí se iniciaría una larga batalla judicial que todavía no se ha cerrado por completo y que llegó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Gobierno llevaría a los Tribunales al propio empresario, que llegó a huir de España por no cumplir las sentencias contra él. Incluso se presentó como eurodiputado para tener privilegios y salió elegido. Pero finalmente fue absuelto en 1997. La sentencia no era aún firme y el asunto llegó al Tribunal Supremo, que le absolvió en 1999.

Si la expropiación resultó ser un escándalo, casi mayor sería el asociado a la reprivatización. La prensa, la oposición y parte de la opinión pública le acusó de entregar empresas a los empresarios amigos a precios que no representaban el valor de mercado. El caso más característico y más escandaloso fue el de Galerías Preciados, entonces cadena rival de El Corte Inglés. Tras la expropiación pasó a pertenecer a la Dirección General de Patrimonio, que saneó la empresa con 34.000 millones de pesetas. Acto seguido se lo vendió al empresario venezolano Gabriel Cisneros por 1.500 millones, de los que fueron satisfechos 700, el 29 de diciembre de diciembre, con el compromiso de mantener el negocio por un plazo mínimo de tres años. Al cumplirse exactamente el plazo, vendió la empresa por 30.000 millones de pesetas.

Pero Ruiz Mateos no iba a quedarse mano sobre mano. Decidió renunciar a la imagen que tenía de sí mismo, o a la que querría mantener, para convertirse en una figura polémica. Le dio un famoso bofetón al ministro de Economía que le expropió, Miguel Boyer. Le pidió un autógrafo a su sucesor, Carlos Solchaga. Se disfrazó de superman.

Pero hizo mucho más que eso. Arruinado, sin el apoyo de ningún banco nacional, acaso porque no se fiaran de él, quizás por no estar a mal con el Gobierno de Felipe González, José María Ruiz Mateos estaba dispuesto a volver a crear un holding. Y creó Nueva Rumasa, que era nueva también por la filosofía y la forma de llevar a cabo el negocio. Ya no tendría banca para autofinanciarse. Había aprendido de sus errores, y se concentraría en negocios que conoce y en los se la familia se sabe desenvolver. Con créditos concedidos por amigos y por bancos extranjeros comenzó a poner en marcha varias empresas.

Ruiz Mateos ha recurrido a una fórmula que le ha funcionado muy bien. En ocasiones compraba empresas en una situación delicada, para imponer una ética de trabajo, nuevos centros de producción y la inversión en nuevos productos. La última gran adquisición ha sido la de Clesa a la firma Parmalat por 188 millones. La famosa abeja vuelve a zumbar.