El Supremo acepta la audición de algunas escuchas de "Gürtel" a puerta cerrada

La Sala de lo Penal que juzga a Baltasar Garzón por autorizar las escuchas a los abogados del caso Gürtel ha rechazado que la Sala del 61 del Tribunal Supremo actúe como tribunal de apelación en caso de condena, aunque ha aceptado la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones intervenidas siempre que sean concretadas por la defensa del juez.

Esa ha sido una de las cuestiones previas al juicio que han sido aceptadas por el tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, que juzga la posible intervención ilícita de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.

La Sala también ha aceptado la declaración, en calidad de testigo, del funcionario del juzgado de Garzón liberado para el caso Gürtel, Vicente Maroto, que alertó a algunos letrados de que sus comunicaciones estaban siendo grabadas.

No obstante, los magistrados han rechazado las recusaciones de los magistrados Luciano Varela -instructor de la causa por la investigación de los crímenes del franquismo-- y Manuel Marchena -instructor de los cobros de Nueva York--, que han vuelto a ser formuladas por la defensa del juez imputado, ejercida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, al dudar de su imparcialidad.

En cuanto a la posibilidad de facultar a la Sala del 61 para revisar el recurso de apelación del aforado, el tribunal ha enfatizado que se trata de un "tema recurrente" que ya ha sido planteado con anterioridad. En cualquier caso, ha obviado entrar en este debate ya que la legislación no contempla esta competencia de la Sala Especial, "guste o no guste".

En palabras del magistrado Joaquín Giménez, se trata de una cuestión que corresponderá revisar al Parlamento al constituir "un debate doctrinalmente abierto". El tribunal también ha desestimado aportar como prueba de la defensa una relación de sentencias en las que se haya condenado anteriormente a algún juez por la realización de escuchas.

En cuanto a la audición de las conversaciones intervenidas en prisión, ha solicitado que las partes acoten los fragmentos que creen necesarios que el tribunal escuche a puerta cerrada por su interés.

La Sala ha suspendido la prolongación del juicio hasta las 17.00 horas, cuando previsiblemente se reanudará con el interrogatorio de Garzón, que se enfrenta a un máximo de 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

El tribunal se encuentra además formado por el magistrado Luciano Varela, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Manuel Berdugo. El presidente es Joaquín Giménez y el ponente de la sentencia será Colmenero.

En esta causa, en la que se pide para Garzón hasta 17 años de inhabilitación, se juzga si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.

Primer juicio de la Gürtel
El juez Baltasar Garzón se enfrenta este martes a su primer juicio en el Tribunal Supremo (TS) por ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión varios imputados del "caso Gürtel" con sus abogados, quienes le acusan de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

Será la primera vista oral a la que el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones en mayo de 2010, va a tener que enfrentarse este mes, ya que a partir del día 24 será juzgado también por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Este primer juicio al que sin duda es el magistrado español con mayor proyección internacional ha despertado una gran expectación mediática con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados.

A esto hay que añadir la movilización de los defensores del juez, entre ellos de la plataforma "Solidarios con Garzón", que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, que ha convocado a las 10:00 horas, sólo media hora antes de que comience la vista, una concentración ante el Supremo para denunciar la "persecución política" al juez.

La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" -el empresario José Luis Ulibarri-, que solicita 10 años de inhabilitación para el juez, frente a los 17 que pide el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y los 15 que solicita su número dos, Pablo Crespo.

La Fiscalía no acusa y reclama la absolución de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan.

En el auto de apertura del juicio oral, dictado el pasado 11 de abril, el instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, señaló que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre abogados y presos, y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran únicamente las estrategias de defensa.

Garzón, sin embargo, siempre ha mantenido que las escuchas eran la "única vía" para evitar que los cabecillas de la red "Gürtel" ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban, aunque sus argumentos no consiguieron convencer al instructor, que además le denegó la mayoría de las pruebas que había solicitado.

Entre ellas, la declaración del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, quien al asumir la investigación de la trama de corrupción prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón, aunque posteriormente fueron anuladas por el tribunal madrileño. Por su parte, Peláez intentó en mayo de 2010 ampliar la querella a las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Miriam Segura, al considerar que "eran plenamente conscientes" de que las resoluciones de Garzón "eran contrarias a la Ley". Sin embargo, el Supremo defendió que las fiscales intervinieron en la causa en el cumplimiento de sus funciones y que no era procedente llamarlas a declarar, como pidió el querellante.

La vista, señalada para los próximos tres días en sesiones de mañana, comenzará con las cuestiones previas y continuará con el interrogatorio del acusado hoy mismo o mañana miércoles. Está previsto que declaren como testigos cinco funcionarios policiales y el propio Peláez, llamado por el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra.