Adiós a las licencias de los ayuntamientos

Hernando de Soto, el economista peruano, no el conquistador español, es uno de los pensadores más interesantes, y más influyentes, de las postrimerías del siglo XX y los comienzos del XXI. Incidió en el coste de las trabas administrativas, especialmente para los pobres.

Escribió un libro, llamado El otro sendero, en el que describía un experimento que había conducido junto con su equipo del Instituto Libertad y Democracia. Puso a dos equipos a crear un mismo tipo de negocio. Uno de ellos tenía que seguir los cauces legales. El otro podía pagar a los funcionarios para que facilitasen los trámites. En el Perú de comienzos de los 80’ resultó mucho más rápido y, sobre todo, mucho más barato, recurrir a la corrupción que seguir los pasos marcados por la ley. Esta invitación a la corrupción no está claro que sea un fallo del sistema. Puede verse como un diseño perfectamente adecuado si la corrupción es, precisamente, el objetivo de la misma. Fuera o no el caso, lo cierto es que colocaba a la corrupción como la vía más rápida, barata y segura para hacer negocios.

Otra de las contribuciones de Hernando de Soto está en hacer ver que la riqueza de los pobres es mucho mayor de la que se cree, y sobre todo que sería mucho mayor con unos pocos, pero relevantes, cambios legales, encaminados a la definición y defensa de los derechos de propiedad. Pero esto último no nos interesa hoy.

Lo que nos interesa es volver a esa idea, expresada en El otro sendero, de que las trabas administrativas nos hacen más pobres y llevan a no respetar las normas legales y de la moral. Porque el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, ha adelantado varios detalles del anuncio que hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado 7 de febrero sobre la apertura de negocios sin licencia previa.

En la actualidad, estos negocios tienen que solicitar una licencia al ayuntamiento antes de abrir. Los funcionarios tienen que comprobar si cumples todos los requisitos. Pero como el juicio sobre si los cumples o no sólo les pertenece a ellos, hay un terreno para la arbitrariedad que, por un lado, retrasa y encarece todo el proceso, y por otro es una invitación permanente a la corrupción, como saben bien los madrileños con el caso de las licencias.

Ahora ciertos comercios abrirán simplemente presentando una declaración responsable: un compromiso de que cumplirán la legislación vigente. A ello habrá de añadir un informe técnico en el que un equipo cualificado y la autoliquidación de las tasas. García Legaz ha adelantado que esta facilidad se le otorgará a "carnicerías, pescaderías, pastelerías, droguerías o mercerías, entre una larga lista”.

Valdrá para negocios con establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, que sea una pyme, no un eslabón de una gran cadena. Queda fuera la hostelería. A juicio del secretario de Estado, con esta regulación se podría normalizar la situación de "cientos de miles de empresas de toda España que ha abierto sin licencia por la desesperación".