Óscar Alzaga: Del consenso constituyente al conflicto permanente

Con esa autoridad propia de quien ha sido protagonista de algunos de los episodios clave de nuestra Transición, pero con la humildad de quien se reconoce solo un peón más de una inconclusa partida de ajedrez, y desde luego desposeído de verdades absolutas, Óscar Alzaga reflexiona, con pluma oscilante entre el magisterio académico y la doctrina jurídica, sobre el recorrido, no siempre exitoso, de nuestro sistema de democracia constitucional. Anuncia que no son pocas las cuestiones a examinar, aunque ello provoque tanta desazón en el autor como indiferencia en un importante estrato de la sociedad. Pero lo hace advirtiendo que sus conclusiones no son merecedoras de tal calificación, pues como él mismo reconoce con aflicción, en esta España constitucional, demasiadas cosas han quedado abiertas e inconclusas.

En el sentir de Óscar Alzaga se encuentra una nada disimulada melancolía por aquellos tiempos en los que los políticos, de uno u otro bando, entendieron que para la construcción de un futuro de convivencia y en paz, eran necesarios sacrificios mayores que la propia causa a la que se servía. Tiempos en los que en la concordia era entendida como una virtud cívica, y el consenso como un eficaz método de llevarla a la práctica.

Tampoco oculta el autor, algo que le honra, los errores cometidos durante la Transición, y todos aquellos que se han venido sucediendo desde entonces por culpa de no haber cerrado a tiempo algo tan esencial para la supervivencia de la Nación como es su organización territorial. Confiaron entonces los constituyentes en que esa sana voluntad de consenso que ellos habían desarrollado, permanecería en el tiempo y les sobreviviría como elemento mollar de nuestro sistema democrático. Sin embargo, el tiempo ha venido a quitarles la razón. Los dos grandes partidos han desarrollado una aversión al consenso de Estado, sustituyéndolo por pactos temporales, generalmente con partidos nacionalistas, que han usado su posición bisagra para desnudar progresivamente el haz de competencias que el Estado precisa para cumplir su rol constitucional, con la connivencia de un Tribunal Constitucional que ha permitido mutaciones constitucionales por vía estatutaria.

Concluye Alzaga que muchas son las cuestiones a repensar. Por ejemplo, nuestro Estado autonómico, que agradecería un serio esfuerzo racionalizador. O nuestra Carta Magna, cuya reforma es indispensable si queremos mejorar no solo la calidad de nuestro sistema político, sino también la capacidad de diálogo, concordia y consenso entre sus grandes partidos, y en general, en la sociedad. Porque, como afirma el autor, y es difícil no estar más de acuerdo con él, “si los disensos cotidianos se van convirtiendo en conflictos que afectan al funcionamiento de las instituciones recogidas en la Constitución y al sustrato de la convivencia democrática, se está poniendo en cuestión el edificio político de la Nación española”. Más claro imposible.

Por Carlos F. Ojea