La Fundación Robert Kennedy, crítica en El Ayún y muda en Tinduf

A comienzos de 2011 la Fundación Robert-Kennedy elaboró un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara, a raíz del cual Rabat la acuso de “parcialidad” en favor del Frente Polisario. Algo que se vuelve a repetir en el presente, según algunos analistas, ya que la situación en la que viven los decenas de miles de saharauis en los campamentos de refugiados de Tinduf, sólo ha merecido unas líneas en el informe para lamentarse de las condiciones que padecen después de 37 años de exilio. “Las condiciones de vida que allí existen no son aceptables y afectan gravemente a las vidas de los mas de 100 mil refugiados”, señala.

El portavoz del gobierno marroquí, Mustafá el Jalfi, ha declarado estar sorprendido de “la rapidez con la que la Fundación ha elaborado dicho documento, que se alinea con las tesis de la otra parte”. El Jalfi ha insistido en que el gobierno de Rabat “continuará consolidando los derechos humanos en todas las regiones del Reino”.

Si bien el Informe elaborado por la Fundación norteamericana reconoce los avances hechos en el Reino alauita en materia de derechos y libertades, que incluye la adopción de una nueva Constitución que otorga más libertad de expresión, y la institución del Consejo Nacional de Derechos del Hombre, con cuya dirección mantuvo un encuentro la activista Kerry Kennedy a su paso por Rabat.

Las críticas que subraya el Informe acerca de la situación en el territorio del Sahara administrado por Marruecos van desde la omnipresencia de las fuerzas de seguridad, hasta la violación de los derechos humanos y coerción a las libertades de expresión, reunión y asociación “que crean un clima de terror e intimidación en violación de la Ley y del respeto a los derechos humanos”.
“La opresión contra los que critican al gobierno (…) no es digna del reino de Marruecos, que ha hecho progresos considerables en el curso del último decenio en materia de garantías de los derechos humanos”, afirma Kerry Kennedy.

La visita de la delegación estadounidense al territorio del Sahara y a Tinduf, ha suscitado un gran debate en la red. Muchos activistas y analistas saharauis se interrogan sobre el por qué Marruecos la ha permitido “a sabiendas de que iba a ser muy crítica” con la forma como Rabat trata los derechos humanos en la excolonia española. Máxime sabiendo que la Fundación Robert-Kennedy había otorgado un premio a la activista saharaui Aminatu Haidar, que ha hecho de anfitriona de la delegación en su visita a El Ayún.

“La explicación hay que buscarla en el hecho de que en diciembre de 2011 el Congreso de EE.UU había aprobado una Ley que supedita la ayuda militar estadounidense a Marruecos, a que éste país permita el acceso de las ONGs que tratan sobre los Derechos Humanos, al territorio del Sahara Occidental. Dicha Ley afectaba a la partida presupuestaria del año en curso, es decir, del año 2012. Para decirlo más claro: si Marruecos le hubiera negado el acceso a Kerry Kennedy y su delegación vería suspendida la ayuda militar en este mismo año 2012”, señala el analista saharaui Haddamin Mouloud Said.

Lo que sin embargo no se explica es la actitud de prudencia observada por la misma delegación a su paso por Tinduf. Silencio que algunos tachan de complicidad. Fuentes anónimas saharauis citadas por medios de prensa marroquíes afirman que a su paso por el campamento de Rabuni, donde tiene su sede el gobierno del Frente Polisario, “una joven miembro de la Coordinación de mujeres saharauis” que militan por un cambio en el seno del Polisario, entregaron a Kerry Kennedy una serie de documentos sobre asuntos de corrupción y desvío de fondos humanitarios por parte de dirigentes del Polisario. Una información que no ha podido verificarse, pero que coincide con el clima de malestar reinante en sectores de la juventud y de la población saharaui en Tinduf y de la que se han hecho eco grupos de oposición interna en el exterior, como La Coordinadora General de Opositores al Frente Polisario creada en Valencia, el movimiento Jat Achahid creado en los mismos campamentos, o la Asociación Para el desarrollo de la Mujer saharaui, organizada en España.

La noticia de que el Tribunal de Rabat va a juzgar a los 21 activistas saharauis que fueron detenidos en el desmantelamiento de los campamentos de Gdeim Izik en El Ayun en diciembre de 2010, el próximo día 21 de septiembre, ha suscitado el interés de los observadores diplomáticos. Rabat juega en parte su credibilidad ante las organizaciones internacionales y las Naciones Unidas, en el desarrollo de dicho juicio. Los presos saharauis, militantes de los derechos humanos, están acusados arbitrariamente entre otros cargos de "atentado a la seguridad interior y exterior del Estado, formación de banda criminal y atentado contra los funcionarios públicos en el marco del ejercicio de su función". Según la ley marroquí, corren el riesgo de reclusión a perpetuidad, señala la ASVDH (Asociación saharaui de víctimas de las violaciones graves de derechos humanos por el Estado marroquí), que pide una fuerte presencia internacional en dicho juicio.