Más allá del ruido político II

El resultado de la votación del proyecto de ley de Retenciones Móviles a las exportaciones agropecuarias en el Senado de la Nación constituye una verdadera bisagra para el funcionamiento de la democracia Argentina instaurada en 1983. Si bien el desempate en el senado a través del voto del Vicepresidente Julio Cobos tiene un precedente en estos 25 años de funcionamiento del régimen democrático -el tratamiento en el mismo cuerpo del acuerdo limítrofe con Chile en 1985 se resolvió a través del voto favorable del entonces presidente del senado Edison Otero-, el significado particular de dicho desenlace radica en constituir el principio del fin de la era “kirchnerista”. Ahora bien ¿en qué sentido podemos hablar de la era “K”?

Podríamos definir al “kirchnerismo” como la continuidad del “modelo productivo” puesto en marcha a partir del año 2002, anclado en un tipo de cambio competitivo y la extracción del excedente de la renta agropecuaria con el propósito de financiar el relanzamiento del sector industrial en la Argentina. Las condiciones que hacen posible esta estrategia de financiación del “modelo” residen en un muy favorable ciclo económico mundial, resultado del aumento de la demanda de commodities por parte de potencias emergentes como es el caso de China e India a partir del aumento del consumo de su nueva clase media. Como ya en su oportunidad y a través de este mismo medio el autor de estas líneas hizo referencia a la ausencia de estrategia de desarrollo productivo, voy a referirme a una segunda definición de este fenómeno político.

En este sentido el “kirchnerismo” representa la continuación por otros fines -más que por otros medios- del estilo decisionista de gobierno instaurado durante los años de Carlos Menem, ratificado y profundizado durante las gestiones que lo sucedieron -Fernando De La Rúa, Alberto Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde-, repitiéndose en mayor o menor medida el siguiente esquema:

En primer lugar, una legitimidad de origen con anclaje en situaciones de derrumbe o emergencia y convertida en argumento, de salvamento primero y refundacional luego, del estado y la sociedad.

Segundo, la preservación del esquema constitucional adoptado en 1994 acorde con una nueva “razón de estado”: la gobernabilidad.

Tercero, el reforzamiento de los poderes presidenciales, la definición explícita o implícita de una “doctrina de necesidad y urgencia” y la utilización de recursos como los decretos de necesidad y urgencia, en tanto principal expresión de la decisión política.

Por último, el debilitamiento del rol de las instituciones parlamentarias, de las diferentes instancias de control de los actos administrativos de gobierno y de los procesos deliberativos de decisión política.

La principal consecuencia del conflicto entre EL GOBIERNO -no confundir estado con gobierno como se ha realizado desde diferentes expresiones del poder ejecutivo nacional- y LOS SECTORES AGROPECUARIOS -no perder de vista la complejidad que caracteriza al sector que nos permite hablar de sectores- ha sido la puesta en tela de juicio de un estilo de gobernar presente a lo largo de la última década, dado que el tratamiento en el congreso del proyecto de ley de retenciones móviles significó la recuperación del rol de la institución parlamentaria como ámbito de debate público y en definitiva de los procesos deliberativos de decisión política.

Esta nueva dinámica política entra en conflicto con una concepción del ejercicio del poder, fuertemente personalizado, que ha caracterizado tanto a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, y que reproduce prácticas ya conocidas durante la gestión del ex presidente Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz durante más de una década, en medio del despliegue de un estilo discrecional de acumulación política que ha tenido lugar en el marco de una situación de emergencia institucional, constituyéndose la misma en fuente permanentemente invocada para así legitimar el incremento de prerrogativas institucionales en manos del poder ejecutivo nacional.

Tal como he manifestado en su oportunidad, quiero reiterar mi convicción -y mi deseo- sobre la necesidad de inaugurar una nueva etapa política en la Argentina, en la que se haga realidad la promesa electoral de la Dra. Cristina Kirchner de mejorar la calidad institucional de nuestra democracia y de establecer ámbitos para el diálogo y la deliberación racional.