Pulso a la ética en Colombia

Lo hemos dicho repetidas veces.

No todo vale en la guerra. El gran instrumento del Estado Moderno dueño y responsable del uso de la fuerza, del poder coercitivo, es el del respeto a la Ley. Napoleón decía “no pongas en contacto a tus tropas con los revolucionarios, porque acabaran pasándose a ellos”. En lenguaje moderno diríamos: “cuidado con las guerras contra grupos insurgentes, porque tus tropas pueden contagiarse de sus métodos”. Y cuando las tropas adoptan métodos de guerra sucia –la Argelia francesa, la Argentina tupamara o El Salvador de los Jesuitas- el poder del estado queda deslegitimado, perdido, y llega el caos.

El Presidente Uribe ha querido cortar de raíz indicios racionales referidos a prácticas criminales que conllevaban desapariciones de jóvenes, supuestamente levas de las FARC, pero que proporcionaban éxitos militares y económicos a los que en realidad eran sus asesinos.

La Fiscalía General de la Nación y los propios servicios de investigación del Ejercito, cifran en 535 las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente entre Enero de 2007 y 30 de Junio de 2008 según el diario “El Tiempo”. El 58% de los reportados era menor de 30 años.

La drástica decisión de Uribe deja sin mando a dos divisiones (II y VII), a tres Brigadas (10ª,14ª y 15ª) y a cinco batallones, todos situados en “regiones donde el control del Estado está en proceso”: Sincelejo y Tolú Viejo en el departamento de Córdoba, Fusagasuga y Soacha en Cundinamarca. En este último pueblo, la desaparición de once jóvenes supuestamente objeto de leva por parte de las FARC precipitó la decisión presidencial, al verificarse que se trataba de simples crímenes cometidos por determinadas tropas.

Hay cierta responsabilidad estatal en esta trágica degeneración del servicio. Se premiaban con valoradas “medallas grises” o del Orden Público determinadas acciones que reconocían el número de bajas producidas al enemigo. Otra práctica se refiere a los incentivos económicos. Hace solo unos días el Gobierno concedía 385.000 euros al desertor de las FARC, Isaza, que había liberado al Dr. Oscar Tulio Lizcano rehén del grupo desde hacia ocho años y que se encontraba en lamentable estado de salud.

Junto a las condecoraciones, fuentes de la oposición cifran en 21.000 millones de pesos (53 millones de euros) lo gastado por el Gobierno en recompensas. La práctica puede ser eficaz, pero lleva en muchos casos a la podredumbre. Honra a nuestros Ejércitos el que sus Cruces Rojas, sean solo honoríficas y no pensionadas. No ocurre así con la Policía y la Guardia Civil.

Por supuesto, los 760 policías y militares investigados –que no condenados- por “indicios de negligencia en el mando en diferentes niveles” son una parte minima de los contingentes que luchan contra la insurgencia desde hace años, en parajes y condiciones durísimas. Debe ser el propio Ejército el más interesado en desbrozar y separar estas criminales prácticas.

Porque este pulso, sólo puede ganarlo la ética.