Baltasar Garzón, el juez juzgado

Segundo de cinco hermanos, hijo de un empleado de gasolinera y descendiente, por parte de madre, de una familia de agricultores, Baltasar Garzón Real nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 y, tras estudiar en los seminarios de Baeza y de Jaén, se decantó por el Derecho tras dudar entre esta carrera y la de Medicina y se licenció en la Universidad de Sevilla en 1979.

Dos años después ingresó a la primera en la carrera judicial con el número once de su promoción y tuvo su primer destino en Valverde del Camino (Huelva), para pasar luego por un juzgado de Almería y ejercer como inspector del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía hasta que, en enero de 1988, dio el salto definitivo al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Pronto comenzó a dejar huella, convirtiéndose en el primer juez español que se desplazaba a Francia para interrogar a etarras detenidos allí. La banda le marcó en lo personal, con el asesinato en 1989 de la fiscal de la Audiencia Carmen Tagle, cuyo retrato está presente desde entonces en su despacho.

En 1993, Garzón dio uno de esos giros que han marcado de forma determinante su biografía y entró en política, concurriendo como número dos por Madrid en la lista del PSOE a las elecciones generales que encabezó Felipe González. La decisión no dejó de sorprender, porque el Gobierno socialista se había negado a facilitarle información sobre los fondos reservados mientras instruía el caso GAL y Garzón no había dudado en calificar de "aberración política" la "Ley Corcuera".

Eso no impidió que formara parte del Ejecutivo como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, en el que permaneció apenas diez meses: el 6 de mayo de 1994 presentó su dimisión y, tres días después, renunció a su escaño. Garzón justificó su marcha en la "actitud pasiva" de Felipe González respecto a la corrupción, pero no faltaron quienes sugirieron que fue consecuencia de no haber sido designado ministro del Interior tras la salida de Antoni Asunción motivada por la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

El 18 de mayo de 1994, Garzón volvía a la Audiencia Nacional y retomaba el sumario de los GAL, una investigación que cuatro años después condujo a la condena y el ingreso en prisión de, entre otros, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

Para entonces, era el juez más conocido de España, pero su fama se hizo internacional cuando, en octubre de 1998, ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet. La noticia dio la vuelta al mundo, dio esperanza a las víctimas de las dictaduras y al sueño de una Justicia universal y convirtió a Garzón en un símbolo, hasta el punto de que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

Fue esa condición la que, años después, le valió una invitación de la Universidad de Nueva York para desarrollar actividades de docencia y de investigación sobre el terrorismo y le empujó a dejar otra vez su Juzgado para residir en EEUU entre marzo de 2005 y julio de 2006. Hoy, el dinero que el Banco Santander aportó para financiar esos cursos está detrás de una de las tres querellas que el Supremo tramita contra Garzón, que ya sabe que será juzgado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Su experiencia en delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad es la que le avala ahora también para aceptar la oferta del fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo para ocupar en el tribunal de La Haya un puesto de asesor durante siete meses, que está pendiente del visto bueno del CGPJ.

Y la tercera querella por la que es investigado responde a su orden de intervenir las comunicaciones entre varios imputados en la "trama Gürtel" y sus abogados mantenidas en prisión. Es este último caso el que el juez cree que está en el origen de lo que ha llamado una "cruel campaña" de acoso, que atribuye a una venganza del PP por investigar por corrupción a miembros de este partido.