Campeones mundiales de los derechos humanos

No formamos parte —salvo a través del favor- del G-8 ni del G-20. Es decir, no somos nadie en el orden económico internacional (lo son, sin embargo, algunas grandes empresas españolas, pero no el Gobierno de España).

No rascamos bola, tampoco, en el contexto de las relaciones políticas internacionales por más que colaboremos activamente con el envío de tropas a algunos de los puntos en conflicto. Somos convidados a la mesa en la que el bacalao está repartido. Formamos parte de una pundonorosa segunda división, con aspiraciones, pero sin equipo contrastado. Son tantos los vaivenes y las oscilaciones de nuestra política internacional que los otros Estados que deberían ser nuestros referentes no se fían de dónde estamos, qué somos y a dónde vamos.

Es comprensible que se genere una gran frustración y que nuestro Gobierno quiera ser el primero de la clase en alguna asignatura del contexto internacional. Tenemos que sacar pecho y suscitar admiración en alguna materia. Y se nos ha ocurrido la de los Derechos Humanos. ¡Somos los campeones mundiales de los Derechos Humanos!. ¡Somos líderes en la defensa y garantía de los Derechos Humanos!. Levantamos orgullosos la cabeza y a nuestro paso inclinan la suya el Reino Unido, Alemania, Suiza, Noruega, Holanda, Australia, Dinamarca, Canadá y Austria, entre otros países. En la Champions League de los Derechos Humanos no tenemos rival y un jurado de reconocido prestigio (con Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú y Baltasar Garzón, entre otros) nos ha otorgado la copa que acredita el título. El conjunto de la ciudadanía española está emocionado, dando saltos por las esquinas y cantando villancicos en forma de loa de nuestros benefactores gobernantes. Se han declarado tres días de gracia oficial para contener tamaña manifestación de alegría, la más masiva que se conoce tras el triunfo en la Eurocopa de fútbol.

La Vicepresidenta del Gobierno lo anunció tras la última reunión del Consejo de Ministros. El Plan Nacional de Derechos Humanos presentado “colocará a España en la vanguardia mundial de los Derechos Humanos”, pues es una “auténtica hoja de ruta para salvaguardarlos dentro y fuera de nuestras fronteras”. Nos sitúa en la panacea de los Derechos Humanos, en el frontispicio del progresismo mundial, a la cabeza del buenismo ambiental que tanto gusta a nuestro Presidente.

El Plan Nacional (no constan quejas de las Comunidades Autónomas, ni siquiera llantos por celos al ser olvidadas) consta de 172 medidas (una pena no haber llegado a las 200) que van desde el compromiso de luchar contra la pena de muerte y para prevenir la tortura hasta “promover la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones”.

Pero los campeones mundiales de los Derechos Humanos no sólo comprobaron que, de inmediato, algunas de las ONG´S más reconocidas, sacaron tarjeta amarilla al faraónico y majestuoso Plan del Gobierno. También parece que las asociaciones de víctimas no se han manifestado especialmente contentas. El dueño de la empresa de Ripollet al que le sancionan por no traducir al catalán el rótulo de “Muebles” de su establecimiento, no está precisamente dando saltos. Ni los colegios concertados, a los que se amenaza con “quitarles” el concierto, están muy contentos. Ni los medios de comunicación excluidos de las concesiones de frecuencias, ni las familias perseguidas por discrepar de la línea curricular oficial que obliga a cursar la educación para la ciudadanía o cualquier materia que afecta íntima y esencialmente a la conciencia.