El riesgo de circunvalar la sentencia del Estatut

De un tiempo a esta parte, destacadas personalidades del Gobierno vienen soltando globos sonda con una posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de cara a las elecciones autonómicas catalanas. Semejante reforma iría encaminada a bordear la sentencia del Estatut de Cataluña que declaraba inconstitucionales, entre otras cosas, las tentativas de crear un poder judicial propio. Algo lógico, por otra parte: el Judicial es uno de los tres poderes elementales del Estado y como tal, indivisible e indelegable.

Aunque parece que el Gobierno no lo ve así. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta De la Vega y el titular de Justicia, Francisco Caamaño -auténtico muñidor de la redacción jurídica del Estatut- han sido los promotores de semejante desaguisado, como es cualquier texto político de ese porte que nace sin consensuarse con el principal partido de la oposición. Siendo grave el asunto, lo es más si se tiene en cuenta tanto la relevancia de los tres personajes en cuestión como que todos ellos poseen formación jurídica. En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales se acatan, con independencia de que gusten más o menos, pero resulta insólito que el Ejecutivo, en lugar de aplicar la ley y defenderla, se dedique a circunvalare lege, que decían los clásicos.

De salirse con la suya, el Ejecutivo estaría generando una inseguridad jurídica alarmante, toda vez que ignoraría el veredicto de una institución como el Tribunal Constitucional con fines meramente electorales. Además, conviene recordar que el asunto referente al poder judicial propio fue de los que más unanimidad en contra suscitó desde un primer momento. Si el PSOE, de la mano del señor Zapatero, una vez más, decide intentar acercarse al nacionalismo radical catalán en detrimento de los intereses del conjunto de España, habrá persistido en uno de los peores errores de su reciente trayectoria. En sus manos está.