Huelga no general
jueves 29 de marzo de 2012, 21:32h
No hay Presidente del Gobierno que se precie que no tenga en su agenda política un llamamiento a la huelga general. Desde luego, Felipe González batió el récord, pero sus sucesores no se quedaron sin ella. Ahora bien, ninguna tan tempranera como la que le han “colocado” a Rajoy. Se ha dado tanta prisa con la reforma laboral –ya convalidada por el Congreso de los Diputados- que no le han esperado al cumpleaños con velitas de los cien días para empapelarle.
Los sindicalistas, ciertamente, estaban cabreados con el Decreto-Ley, pero su escocimiento auténtico provenía del pasado 20-N. El triunfo electoral aplastante, con la segunda mayoría absoluta más amplia de nuestra historia democrática, del Partido Popular comportó una toma de posición previa contraria a cualesquiera medidas que se fueran a adoptar. Hacerse públicas las primeras actuaciones y visualizarse la radical oposición político-sindical fue todo uno. Por eso, en cuanto no aceptado el resultado electoral, los teóricos del sindicalismo (o malamente a regañadientes) han intentado dar pábulo a una concepción, de tintes claramente estalinistas, de lucha de legitimidades, olvidando que, como ya explicara brillantemente García Pelayo, la única posible es la democrática fundada en la soberanía popular que se expresa en las urnas.
La huelga del 29 de marzo, convocada por los sindicatos financiados por los Presupuestos Generales del Estado (sin necesidad de cumplimentar casilla alguna por parte de los contribuyentes en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades), no ha sido general o generalizada. El país no ha parado. Ha habido un seguimiento que, todo lo más, ha alcanzado el 20-25 por 100 de la población activa. Y en ese porcentaje se incluyen no solamente los que han dejado voluntariamente de acudir a su puesto de trabajo sino los que no lo han hecho por miedo, por algún tipo de condicionamiento-coacción, e incluso –como en el sector docente- por comodidad.
Por supuesto que hay oposición al Decreto-Ley. No creo que el mismo satisfaga tampoco a sus autores. Pero, después de múltiples ensayos y vueltas de tuerca, había necesariamente que probar esta reforma laboral para afrontar la situación de crisis. Una crisis que, por cierto, casa mal con la huelga convocada porque lo que se requiere es salir cuanto antes de la recesión y no hundirse más en el fango.
El Gobierno no sale debilitado de este envite pues la mayoría silenciosa acepta la reforma. Eso sí, con resignación pues entiende y asume que no hay otra vía que la de apretarse el cinturón (la alternativa es dejarlo suelto y que se caigan los pantalones).
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Catedrático y Abogado
ENRIQUE ARNALDO es Catedrático de Derecho Constitucional y Abogado. Ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial
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