No hay cifras oficiales. Los presidentes de las Comunidades Autónomas han anunciado lo que les ha ido prometiendo el Gobierno pero, de momento, las cuentas no salen. El Ejecutivo reparte más euros que nunca, pero muchos hablan de desigualdad entre los españoles según la comunidad autónoma en la que viven. El Imparcial analiza las consecuencias que acarrea el nuevo sistema de financiación para los ciudadanos y para la economía.
Lo que es seguro es que con la
reforma de la financiación autonómica todos salen ganando. La administración central ha aportado más fondos que nunca que deberán repartirse entre todos: 11.000 millones adicionales. Otra cosa es cómo se repartan según lo estipulado en los acuerdos bilaterales a los que ha llegado el Ejecutivo de Zapatero con diferentes gobiernos autonómicos. Todos han defendido su poder negociador, pero las caras de los consejeros de Economía en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado miércoles 15 de julio lo dicen todo. La alegría del catalán Castell contrastaba con la seriedad del madrileño Beteta.
Pasarán meses antes de conocer las
cifras reales. Se publicarán terminado el periodo de liquidación, a finales de 2011. En ese momento, el dinero ya estará consumido y el déficit estatal habrá aumentado y nos ayudará muy poco a salir adelante en medio de la crisis. Según el profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y especialista en financiación autonómica
Carlos Aurelio Monasterio, “en España nos hemos embarcado en un proceso rápido de mucho gasto, y esto es sinónimo de gastar mal”.
Por otra parte, a pesar de que a partir de este año las comunidades autónomas recibirán
más dinero del Estado, el nuevo acuerdo sobre la financiación autonómica no contempla revisar a la baja el objetivo del déficit por autonomías fijado para 2010. Seguramente, comenta el especialista, se producirá un desbordamiento importante que ayudará poco a afrontar la crisis.
Esta política gubernamental basada en
“mimar” a las comunidades autónomas perjudica al sistema fiscal del Estado. “Para un político lo bueno es gastar y lo malo es pedir al ciudadano más dinero”, explica a EL IMPARCIAL Monasterio. A pesar de tener competencia para ello, las comunidades autónomas se resisten en
gestionar una estrategia fiscal propia porque es impopular subir los impuestos. Así, mientras el Estado aumente sus partidas y sea él quien gasta, mejor para los gobiernos autonómicos.
“Como analista debería felicitar a los catalanes que han sabido defender sus intereses pero, en cambio, censuraría a la administración central por
defender mal los intereses colectivos de los españoles”, añade. Así, este sistema puede considerarse poco solidario y esto afectará al precepto constitucional de igualdad de los españoles.
Esto pasa, explica Monasterio, cuando los políticos buscan acuerdos en torno a cantidades y después se añaden reglas que los regulen y justifiquen. El Gobierno de Zapatero
“ha tomado las ideas del Estatut para salir del paso” en lugar de elaborar su propias reglas donde la solidaridad se mide con diferentes criterios según interese a cada uno. Ahora, tras el acuerdo, llega el capítulo de las grandes palabras: el presidente enarbola la bandera de la lealtad institucional y la oposición critica la falta de transparencia del acuerdo.
Desde luego, la verdad de la nueva financiación autonómica se conocerá cuando se comparen los
servicios públicos de Cataluña y Castilla y León y se publique la cuenta de la vieja de Salgado. Eso sí en 2011.
Si (
No(
