Las cortes de Aragón

Esta semana, el día 20 de mayo, se cumplieron treinta años de la constitución de la primera asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, “un Parlamento autonómico, las Cortes de Aragón, que –como ha escrito el profesor Manuel Contreras– adquiere su plena significación contemporánea como cámara parlamentaria en la conjunción de un doble ámbito: el Estado democrático de derecho y el Estado de las autonomías, calificaciones básicas del actual ordenamiento constitucional español y soportes interpretativos de los órganos que configuran la planta institucional de las Comunidades Autónomas”.

Escribo estos recados de escribir desde Aragón, desde Zaragoza, y esta reciente conmemoración quisiera que fuera un motivo para hablar aquí de un lugar del que no suele hablarse en demasía, pero también, al hilo de esto, para hablar, en general, de la organización territorial del Estado, de su presente y su futuro.

La celebración, aquel año 1983, de las primeras elecciones autonómicas aragonesas y la posterior constitución de las Cortes de Aragón podían entenderse como la culminación política y el perfeccionamiento democrático de un azaroso proceso autonómico que había dado lugar en agosto del año 82 a la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Las Cortes de Aragón, en tanto que representación política del pueblo aragonés y expresión de su pluralismo político y social, bien pueden ser concebidas como compendio del Aragón autonómico. Aragón no es, sin duda, el único caso, pero sí es uno de los principales ejemplos de conciliación sin estridencias de un compromiso claro con el Estado y la unidad española y, a la vez, de comunidad con una marcada y evidente conciencia de sí misma. Parece, en ocasiones, que todo lo que quede más allá de Cataluña, País Vasco y, a veces, Galicia no es tenido en cuenta en este tipo de debates, pero haremos bien en no olvidar que ya en la muy temprana fecha de 1883 el miembro del Partido Republicano Federal Juan Pedro Barcelona (el último periodista español muerto en un duelo, pero esa es otra historia…) publicaba su Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés, o que en 1923 la conservadora Unión Regionalista Aragonesa hacía público su Proyecto de Bases para un Estatuto de la Región Aragonesa dentro del Estado Español, o que tres días antes del golpe militar de 1936 se entregaba en las Cortes republicanas el Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón (el conocido como “Estatuto de Caspe”), o que en junio de ese año 36 –y como respuesta de distinto signo ideológico frente a este último– nacía el llamado “Estatuto de los Notables”. O que, ya en los albores de la democracia, existió una firme y decidida defensa de la autonomía aragonesa, una defensa mantenida después en multitudinarias manifestaciones en el último cuarto del siglo XX. Hago este repaso para recordar episodios históricos, para despejar un ambiente excesivamente viciado por repetitivos protagonistas y para demostrar el mantenimiento, a lo largo del tiempo, de determinadas posiciones. Pero nada más. No le concedo mayor valor, ni pienso que la historia deba dirigir nuestro presente y nuestro futuro. Al contrario. Aragón, y España en general, deben ser lo que los ciudadanos de hoy quieran que sea.

Evidentemente y como es lógico, no puedo hablar por nadie más que por mí mismo. Desde esta posición, creo que Aragón –y, concretamente, su Parlamento– ha ofrecido en estos poco más de treinta años de autonomía algunos ejemplos de comportamiento que pueden ser tenidos en cuenta: sin poner en duda nunca de manera seria su voluntad de integración en la nación española y en el Estado, Aragón fue el impulsor, junto con Canarias, de la segunda oleada de reformas estatutarias de aquellas Comunidades creadas en su día siguiendo la vía del artículo 143 de la Constitución; así como también serían las Cortes aragonesas las que en el año 2003, adelantándose a muchos acontecimientos relativos al modelo autonómico que tendrían lugar en los años posteriores, aprobaron un Dictamen elaborado por una comisión especial de estudio, que tenía por objeto la profundización y desarrollo del autogobierno aragonés, pero que estuvo presidido por unas miras de mayor alcance.

Son solo algunos ejemplos de una actitud guiada por una cultura que podríamos calificar de federal y a la que estimo que sería muy conveniente prestar atención en los momentos presentes y a la hora de pensar en posibles reformas constitucionales. Frente a gaseosos “derechos a decidir”, frente a interesadas “recentralizaciones”, frente al argumento de la coyuntura económica como única base para organizar la distribución territorial del poder dentro de un Estado, la trayectoria de Aragón y de su Parlamento pueden ofrecer una muy buena guía para entender que la descentralización y la autonomía política tienen más que ver con la asepsia organizativa y democrática y con la solidaridad que con las pasiones irracionales y el egoísmo.