Zapatero y la crisis de Perejil

Principios del siglo XXI. El reino de Marruecos decide no renovar los acuerdos pesqueros previamente establecidos con el Estado español. Algunos meses después, en octubre de 2001, Mohamed VI ordena retirar a su embajador en Madrid. El gobierno de España evita responder de forma análoga. Los anteriores hechos tienen lugar en un ambiente viciado por diversas muestras de enfado emitidas por Marruecos ante diversos sucesos ocurridos en España: molestan algunas críticas recibidas por parte de la prensa española (los gobiernos autoritarios rara vez entienden la libertad de opinión) y aún molesta más el posicionamiento del gobierno Aznar contra el “plan Baker” (una propuesta sobre el Sahara occidental que convierte al pueblo saharui en una autonomía de Marruecos). En ese momento de deterioro de las relaciones hispano-marroquíes llega el 11 de julio de 2002. Sin previo aviso ni amenaza, un puñado de gendarmes marroquíes desembarcan e izan la bandera en el islote Perejil, un diminuto trozo de tierra ubicado en pleno Estrecho de Gibraltar, a doscientos metros escasos de la costa marroquí y a tres kilómetros de Ceuta.

El presidente Rodríguez Zapatero se refería hace pocos días a la isla del Perejil en sede parlamentaria para reprender al líder de la oposición por el modo en que el ultimo gobierno de Aznar gestionara la crisis que se inicio con los acontecimientos antes referidos. El tono de reproche y sarcasmo empleado por nuestro actual presidente del gobierno podría llevar a dudar de la supuesta gravedad de la incursión marroquí en la isla del Perejil. ¿Realmente se trataba de una crisis? Se podría responder negativamente, pero sólo a condición de ignorar la coyuntura y la historia de la política exterior de Marruecos hacia España. El islote Perejil había sido objeto de otras polémicas anteriores allá por el siglo XIX, pero hasta 2002 carecía de una soberanía formal y jurídicamente definida. Aparte su pobreza y tamaño, ese fue el motivo por el que permaneció desocupado conforme a un compromiso establecido entre los dos países vecinos. La entrada de los gendarmes constituyó una ruptura clara de ese compromiso así como del “Tratado de buena vecindad y cooperación” que España y Marruecos habían suscrito en 1991 para favorecer el arreglo pacífico de cualquier controversia entre ambos países. ¿Qué hizo entonces el gobierno español? Las recientes declaraciones de Rodríguez Zapatero y los escasos recuerdos que hoy conservan la mayoría de nuestros conciudadanos podría dar lugar a una respuesta errónea, únicamente guiada por aquellas imágenes ofrecidas por los medios para retratar la entrada de la Legión en la isla. Por cierto, al presidente del gobierno y a otros muchos políticos y ciudadanos españoles esas imágenes parecen suscitarles algún sentimiento confuso que raya entre la vergüenza y el desprecio a nuestras Fuerzas Armadas. Esta clase de reacciones merecerían un autentico psicoanálisis colectivo, pero lo que ahora realmente importa es recordar las acciones derivadas de la incursión marroquí en Perejil

Aunque acabara en una intervención militar, la respuesta del gobierno Aznar a la provocación de Marruecos no tuvo nada de militarista. Al poco tiempo de que los gendarmes ocuparan Perejil una patrulla de la Guardia Civil atraca en la isla para informarse pero es recibida a punta de metralleta y debe abandonar tierra de inmediato. A renglón seguido, y durante los días siguientes el gobierno inicia una serie de gestiones diplomáticas a las que se añadieron advertencias y presiones de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos para que Marruecos desaloje la isla Perejil. Pero ninguna palabra moverá a Marruecos y existe la posibilidad de que dejando pasar el tiempo nuevas unidades militares se sumen a los gendarmes complicando aún más una operación que devuelva el islote a su estatus anterior. Por ello mismo, el 17 de julio una unidad militar española toma el islote en una operación ejemplar que no encuentra resistencia. En pocas horas los gendarmes son devueltos a su país. Por supuesto, todo esto agravó las tensiones entre Marruecos y España y esa situación podría haber perdurado si España sólo hubiera contado con sus socios europeos.

Aunque durante los meses siguientes se sucedieran las declaraciones políticas marroquíes para reivindicar a Ceuta y Melilla, a finales del mes de julio los dos países acordaron volver al statu quo anterior al 11 de julio y las tropas españolas se retiraron de la isla. Todo ello gracias a la mediación ejercida por el secretario de Estado estadounidense Colin Powell. Esta actitud proporcionó un buen aviso al gobierno español: si en el futuro volvía a haber problemas con nuestro vecino norteafricano mejor pedir ayuda a Estados Unidos; sobre estas cosas Europa, en particular Francia, nunca sabe ni responde. Y así concluyó la crisis de Perejil. ¿Cómo reaccionaría nuestro actual presidente ante una situación equivalente? ¿Dejando sin respuesta una nueva provocación de Marruecos? ¿Dándoles alas para retomar sus presiones acerca de Ceuta y Melilla? Vista la experiencia demostrada en materia de política exterior, así cabría temerlo.
Los viejos prejuicios y fantasmas recobraban parte de su vigencia mientras que, para animar más aún el ambiente, Marruecos aprovechaba para reactivar la otra gran polémica que viene sosteniendo con España desde 1956, fecha de su independencia.


El contencioso de Ceuta y Melilla agita periódicamente las aguas del Estrecho desde hace siglos. Por eso, entender la política exterior de Marruecos exige entender también la polémica que rodea a estas dos ciudades. ¿Cuál es su razón de ser? ¿resultan legítimas las reivindicaciones marroquíes? y, sobre todo, ¿qué función han venido ejerciendo esas reclamaciones de cara a la actividad diplomática del Marruecos independiente (es decir, desde 1956)?

El sentido profundo al que tratan de apelar las reivindicaciones modernas de las dos ciudades españolas y al mismo tiempo norteafricanas remite a un proyecto político perfectamente delimitado por Allal el Fassi, fundador del partido nacionalista marroquí Istiqlal. Como otros tantos proyectos nacionalistas, el fundamento político del Istiqlal se asienta en la postulación de un “paraíso comunal” denominado el “gran Marruecos” a cuya recuperación deberían orientarse todos los esfuerzos políticos del reino alauita . Dicho territorio abarcaría naturalmente un espacio físico mucho más amplio del que delimitaban las fronteras marroquíes de 1944, fecha en que Allal el Fasi escribe el manifiesto fundacional de su partido. Entre los kilómetros por recuperar según el ideario del Istiqlal se encontrarían parte del actual Malí, Mauritania, una porción del desierto argelino, las entonces colonias españolas de Ifni, las zonas norte y sur del protectorado hispano-francés (ambas prontamente devueltas a Marruecos), el Sahara occidental y Ceuta y Melilla, junto con las otras pequeñas islas y peñones aún españolas como Chafarinas y Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera. Estas y otras aspiraciones nacionalistas fueron rápidamente asumidas como propias por Mohamed V, primer rey marroquí tras la independencia, y sobre todo por su hijo Hassan II, quienes sacaron gran provecho de todo ello, obteniendo así el reconocimiento y la legitimidad que podría asegurar la perdurabilidad de la nueva monarquía ante los ojos de sus súbditos. De ese modo, las reivindicaciones territoriales nacionalistas llegarían a integrarse parcialmente en la nueva cultura política marroquí, aunque rebajadas por razón de la independencia posterior de Mauritania y Argelia, convirtiéndose en un poderoso factor de cohesión nacional .

Sobre la legitimidad o, mejor dicho, la ilegitimidad de las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla cabe esgrimir tres formas diferentes de argumentación: histórica, jurídica y política. Ceuta y Melilla fueron naturalmente islámicas aunque también y antes de eso serían fenicias, griegas, romanas y visigodas. Tomadas y poseídas por los árabes durante su periodo de dominio en la península ibérica, es decir, desde el siglo VIII d. C., dejarían asimismo de pertenecer a aquéllos como consecuencia de la Reconquista. Curiosamente Ceuta y Melilla pasarían primero a formar parte del reino Portugal (1415) y de la monarquía católica regentada por el duque de Medina Sidonia (1497), respectivamente, para luego ser incorporadas a España en 1581 y 1556. Tras estas fechas, ambas muy anteriores a las de la constitución del reino de Marruecos, unificado en 1672, las dos ciudades resistirían numerosos intentos de conquista, todos ellos sin éxito, y así hasta nuestros días. En consecuencia, puede decirse que Ceuta y Melilla nunca han sido ciudades de Marruecos. Los argumentos jurídicos que también rebaten las reivindicaciones marroquíes en este sentido se resumen en el fracaso de todos los intentos desarrollados por Marruecos a partir de 1956 para que las Naciones Unidas reconocieran a Ceuta y Melilla como “colonias”. Tal catalogación hubiera otorgado coherencia al reclamo marroquí para que España desalojara Ceuta y Melilla igual que había abandonado los territorios que formaron parte del Protectorado español y del Sáhara occidental. No obstante, Marruecos apoyaba tales reclamaciones sobre el supuesto de que Ceuta y Melilla formaron parte de dichas “colonias”, lo cual ya hemos visto que es falso. Además, las características de ambas ciudades no cumplen todos los criterios que las Naciones Unidas asigna al concepto de colonia, pues si bien se caracterizan por su “separación geográfica” del resto del territorio español (igual que las islas Baleares y Canarias), hoy por hoy no puede afirmarse que las poblaciones de Ceuta y Melilla sean completamente divergentes en términos étnicos y culturales respecto a la población española sino que en todo caso constituyen ciudades multiculturales . Finalmente, la noción de colonia remite en último término a territorios dominados o administrados por una potencia extranjera, lo cual nos lleva a la argumentación estrictamente política. Definir a las poblaciones de Ceuta y Melilla como pueblos sojuzgados por un Estado extranjero resulta imposible para quien conozca la evolución política de ambas ciudades, en la actualidad constituidas como “ciudades autónomas” que eligen libremente a sus representantes. Durante algún tiempo diversos partidos políticos españoles alimentaron sospechas de que en el momento en que los colectivos musulmanes de Ceuta y Melilla dejaran de constituir minorías para equipararse a la comunidad de ascendencia española en términos de proporciones de población (una tendencia casi consumada hoy día), la soberanía española de las ciudades podría peligrar. No obstante, el crecimiento imparable del colectivo musulmán y su consiguiente y progresivo proceso de incorporación a la vida política ha puesto al descubierto la exageración que tales temores implicaban. Sin que nada de esto nos impida dejar de reconocer que la cohabitación entre los diferentes colectivos no está exenta de problemas y tensiones, hay que hacer notar el hecho de que prácticamente no se han conocido hasta la fecha iniciativas políticas pro-marroquíes en ninguna de las dos ciudades. Antes bien, la indicada incorporación de los ciudadanos musulmanes de Ceuta y Melilla a la actividad política de ambas ciudades ha seguido cauces tan ordinarios como el sencillo incremento de su participación electoral, su ingreso en partidos políticos convencionales de corte nacional o localista o su apoyo y contribución a la aparición de algunos partidos específicamente musulmanes más orientados a la promoción de los intereses de dicho colectivo que a ninguna propuesta de integración en el Reino de Marruecos . Por tanto, las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla carecen de legitimidad a juicio de sus propios habitantes.

El análisis de la historia de las reivindicaciones marroquíes respecto a las dos ciudades españolas norteafricanas desde la independencia de Marruecos demuestra que en esas declaraciones e iniciativas han predominado los intereses sobre las pasiones y la planificación sobre la improvisación. Por eso mismo las apelaciones marroquíes al contencioso de Ceuta y Melilla han seguido un patrón bien definido según el cual dichos reclamos tienden a multiplicarse siempre que se den dos clases de circunstancia: que el gobierno de Marruecos pase por algún momento político delicado en el que necesita recuperar la confianza de su pueblo o distraerle de sus propios problemas internos (que hoy como ayer son muchos; ya mencioné que fue especialmente Hassan II quien supo excitar con gran sentido de la oportunidad las pasiones nacionalistas de sus ciudadanos con el fin de aglutinar al pueblo marroquí en torno suyo), o que exista la intención de obtener de España alguna concesión importante (por ejemplo, su misma retirada de los territorios que formaban el protectorado o la negociación de un nuevo tratado de pesca). Por el contrario, las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla han sido silenciadas por Marruecos siempre que alguna negociación como la anterior o alguna poderosa inversión española en el país vecino corriera el riesgo de fracasar, en perjuicio del reino alauita. Por supuesto, una vez logrado el fin que se persigue el problema de Ceuta y Melilla siempre queda disponible para alguna gestión posterior en la que nuevamente convenga agitar el fantasma que tanto inquieta a los habitantes de esas dos ciudades y al gobierno de España.