Al menos ocho políticos -el exconsejero madrileño Francisco Granados, el presidente de la Diputación de León y los alcaldes de seis alcaldes madrileños- han sido detenidos este lunes en una gran operación contra la corrupción en varios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que alcanza ya más de medio centenar de arrestos. En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido a un total de 51 personas en Madrid, Valencia, Murcia y León, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
El principal detenido es, por ahora, Francisco Granados, que fue número dos con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Otro de los arrestados es el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), quien sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco.
Además, seis alcaldes madrileños -cuatro del PP, uno del PSOE y uno del UDMA- han sido detenidos en la que se ha llamado operación Púnica, según han informado fuentes jurídicas. Los alcaldes del PP detenidos son los de las localidades de Valdemoro, José Carlos Boza; Collado Villalba, Agustín Juárez; Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, y de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz. La Guardia Civil también ha arrestado al concejal de Hacienda de Valdemoro, Javier Hernández.
Del PSOE ha sido arrestado el primer edil de Parla, José María Fraile, mientras que del partido Unión Demócrata Madrileña (UDMA) está detenido el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández.
Además, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), es otro de los 51 detenidos y ha abandonado sobre las 11.45 horas la sede de la institución provincial custodiado por tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, también ha sido detenida por la Guardia Civil. Fuentes cercanas al caso han confirmado a Efe este arresto, que se suma en la región de Murcia al del exalcalde de Cartagena entre los años 1991 y 1995 José Antonio Alonso, expulsado del PSOE. También han sido detenidos hoy el secretario del Instituto de Turismo, Jesús Galindo, y el jefe de gabinete del consejero autonómico de Industria y Turismo, José Fidel Saura.
La red se servía de dos conseguidores de contratos, el constructor David Marjaliza, muy próximo al exconsejero madrileño Francisco Granados, y Alejandro de Pedro Llorca.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos. Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos. También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción. Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo. Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.
Delitos que se les imputan
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones deanotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.
El exsecretario general del PP de Madrid dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.
Tras esta decisión, Granados, que también fue alcalde de Valdemoro y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, estuvo durante un tiempo conservando la presidencia del PP de Valdemoro, que finalmente abandonó. Tras su salida de la política, se fue a trabajar a un banco de inversión francés.
Granados ostentó tres consejerías en los Gobiernos de la expresidenta regional y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, con la que en los últimos dos años ha discrepado en muchas cosas, según ha reconocido él mismo.
Fuentes del PP de Madrid han destacado que Granados dejó la presidencia del Partido Popular de Valdemoro "muy poco tiempo después" de dimitir como diputado regional y como senador. Lo hizo "por iniciativa propia", han remarcado las mismas fuentes a Europa Press.
La última vez que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, abordó en un medio de comunicación el asunto de Granados declaró que vería "estupendamente bien" que dimitiera y que era "un gesto de dignidad".
Aguirre consideró entonces que "tener una cuenta en Suiza no es delito pero para un políticos sí". Ya opinaba entonces que aún "falta mucha información" sobre la cuenta en Suiza del senador popular.
Ya opinaba entonces que aún "falta mucha información" sobre la cuenta en Suiza del senador popular. "Falta mucha información", ya que si las autoridades helvéticas dicen han comunicado la existencia de una cuenta hasta finales de 2013 y Granados dice que la canceló en 1999 y asegura que repatrió los 300.000 euros con los que contaba "tendrá que haber una documentación", apostilló.
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