Castellano queda en libertad provisional pero se le retira el pasaporte

El hasta hoy delegado del Gobierno en la Comunitadad Valenciana, Serafín Castellano, ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Así lo acaba de explicar el Tribunal Superior de Justicia valenciano poco después de que Castellano haya abandonado el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto tras declarar durante algo más de media hora, sin hacer declaraciones y en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.

Según el TSJCV, la titular del juzgado le ha tomado declaración como imputado y tras la misma ha acordado las citadas medidas, de acuerdo con la petición fiscal.

La previsión, en este momento, es que la juez tome declaración este mismo viernes a siete de los nueve detenidos. A los otros dos se les tomaría declaración el sábado, según el TSJCV, que añade que la operación sigue abierta y se siguen practicando diligencias.

El PP valenciano ve acabar mayo como empezó, con la suspensión cautelar de militancia por un posible caso de corrupción de uno de sus hombres clave, cuya detención llega 27 días después de la expulsión de otro alto cargo, Alfonso Rus, y con los malos resultados electoral aún recientes.

Finaliza así un mes en el que los populares de la Comunidad Valenciana han visto cómo el 24M, pese a haber sido el partido más votado, ponía fin a veinte años de mayoría absoluta en Les Corts y al gobierno de los principales ayuntamientos de la región. Uno de los factores que más se ha achacado por los propios dirigentes del partido para justificar el descenso en el número de votos es el impacto negativo que han tenido entre su electorado los casos de corrupción.

Mayo empezaba con la publicación de unas grabaciones realizadas por el exgerente de la empresa pública Imelsa -dependiente de la Diputación de Valencia- Marcos Benavent, que entonces estaba en paradero desconocido y que, antes de que acabara mayo, ha reaparecido públicamente con una imagen extravagante, asumiendo su culpa y declarándose "yonqui del dinero". En esas grabaciones aparecería supuestamente el entonces presidente de la Diputación, presidente provincial del partido y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, contando dinero dentro de un coche o hablando del cobro de comisiones ilegales. Rus negó en varias ocasiones que esa fuera su voz, pero la decisión del líder del partido y presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue tajante: el sábado 2 de mayo pidió formalmente a Génova la suspensión cautelar de militancia de su hasta entonces "barón" provincial como medida ejemplarizante.

El mes avanzó con nuevas revelaciones del caso Imelsa que también se llevó por delante a la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y asesora del equipo de Rita Barberá María José Alcón, esposa del ex "número dos" de la alcaldesa y procesado por el caso Nóos, Alfonso Grau -también apartado del partido-, que tuvo que salir de la lista electoral de la regidora tras conocerse varias grabaciones que el PP calificó de bochornosas.

Durante la campaña electoral, la dirección autonómica del partido intentó mostrar al electorado la firmeza de la "línea roja" contra la corrupción marcada por Fabra desde el inicio de la legislatura y que ha apartado a varios cargos públicos del partido inmersos en supuestos casos de corrupción. El pasado domingo los resultados electorales fueron "malos", en palabras de Fabra y de Barberá, y el primero asumió su responsabilidad anunciando que no se presentará a la reelección en el congreso que celebrará el PPCV en enero.

Barberá, al igual que su homólogo en Castellón (Alfonso Bataller) y la candidata a la Alcaldía de Alicante (la consellera Asunción Sánchez Zaplana), han visto el final de su mayoría absoluta al frente del Ayuntamiento y el previsible pacto de la izquierda que los desalojará de unas alcaldías que, en el caso de la capital valenciana, el PP ocupaba desde 1991.