El PP pide la anulación del juicio por la Gürtel o ser apartado de la causa

El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha ofrecido a la Fiscalía Anticorrupción reconocer los delitos de los que se le acusa en el macrojuicio contra la trama que se celebra en la Audiencia Nacional a cambio de un pacto que aún no se habría producido.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la defensa de Correa, su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ha iniciado conversaciones con las fiscales de cara a llegar a un acuerdo para una rebaja de su pena a cambio de una confesión en su declaración como acusado la próxima semana, pero la Fiscalía ha rechazado sus condiciones.

Las mismas fuentes han indicado que aún habría margen para la negociación y que la intención de la defensa es llegar a pactos en todas las piezas de Gürtel en las que está imputado, comprometiéndose a confesar y a pagar las responsabilidades civiles que se le pidan.

De llegar a un acuerdo, Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, admitiría los hechos que le imputa la Fiscalía, que afirma que desde 1999 hasta 2009 "lideró un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos" y contó para ello con la colaboración de una serie de políticos a los que compensaba con pagos en especie.

En el juicio que ha arrancado esta semana contra 37 acusados se sientan en el banquillo políticos del PP que habrían recibido comisiones de Correa, como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y el exdiputado del PP Jesús Merino, además del extesorero del partido Luis Bárcenas.

La primera señal del cambio de estrategia en la defensa de Correa, que hasta hace poco llevaba un abogado de oficio, la dio el pasado 26 de septiembre, cuando ordenó a su banco de Suiza (tiene bloqueadas sus cuentas en el país helvético) autorizar el pago de los 2,2 millones de euros que la Fiscalía le pide en concepto de responsabilidad civil por el juicio de Gürtel.

Este martes, en la primera jornada del juicio a la "primera época" de la trama también escenificó un signo de colaboración cuando rehusó pedir cuestiones previas, como la nulidad del procedimiento que han reclamado muchos de los abogados por la supuesta ilegalidad de las grabaciones a Correa que dieron lugar a la investigación.

El PP pide que se anule el juicio o que se le aparte

Por otro lado, el PP se ha alineado con las defensas que piden la nulidad del caso Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está encausado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, ante la falta de"concreción" de los hechos por los que la Fiscalía le acusa de lucrarse de beneficios en Pozuelo y Majadahonda.

El abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha mantenido que no es el PP en todo caso al que debía reclamarse la responsabilidad civil por los beneficios que pudo obtener de la trama sino que, en todo caso, correspondería a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda (Madrid).

Santos ha lamentado así la "indebida e inadecuada designación" del PP como partícipe a título lucrativo y ha resaltado que se trata de una responsabilidad civil subsidiaria que le ha llevado a estar sentado en la última fila que ocupan los acusados y responsables civiles en este caso.

Ha criticado también que la Fiscalía sostenga que el PP, sin tener participación ni conocimiento de la existencia de la trama, haya obtenido un beneficio de 250.000 euros en esos dos municipios madrileños sin que en ningún momento se concreten los hechos por los que se llega a esa conclusión.

El abogado se ha adherido además a las cuestiones de nulidad de la causa planteadas por la mayor parte de las defensas, entre ellas la del extesorero Luis Bárcenas, como la de la posible ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso o las escuchas en prisión que autorizó el exjuez Baltasar Garzón que le llevaron a ser condenado.