El copago tiene como función allegar más fondos al Estado y moderar el consumo excesivo de bienes o servicios provistos por éste. El copago, en realidad, es una forma de acercar la situación a lo que se correspondería con el mercado. Y tiene efectos sociales positivos. La progresividad busca justificar lo que queda de gratuidad en la pretensión de que quien más renta genera, más pagaría. Si es conveniente o no introducir esa progresividad depende de los objetivos generales de la política. En cualquier caso, el debate está ahí para que lo recojan la sociedad española y las instituciones. Un debate planteado con torpeza
La primera intervención de la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat –quizá, por encargo de Montoro- ha provocado confusión e inquietud en millones de jubilados. En una entrevista concedida a un medio regional, y en catalán, dijo que introduciría una progresividad en el pago de los medicamentos. Luego, en una misma rueda de prensa, dijo que el Gobierno no contemplaba la medida y que los expertos del Ministerio y los grupos políticos la están estudiando. Luego añadió, no se puede decir que precisara, que el copago podría aumentar, rebajarse, o quedarse como está. En definitiva, la ministra ha transmitido sus dudas y su total carencia de criterio, para beneficio de nadie.
Puesto que el Gobierno no tiene una postura al respecto, ha encendido la llama del debate sin poder aportar nada al mismo. Es, en todo caso, un debate permanente. El Estado del Bienestar se basa en la disociación de la prestación de un servicio de su pago. Que no pague quien reciba el servicio atenta contra la justicia, y más si ocurre por la actuación de un agente coactivo, como es el Estado. Otra cosa es que el objetivo fuera proteger a las personas con menos medios económicos, pero no es necesariamente el caso, ya que la gratuidad (que, en realidad, es un eufemismo, porque pagar, pagan los contribuyentes), completa o no, es para todos los usuarios. Por otro lado, un precio nulo o bajo de los bienes lleva a una demanda mucho mayor de la necesaria. Y, por último, ese coste excesivo se cubre con impuestos que, en mayor o menor medida, pagan todos.