Antiguamente, durante la Dictadura, podían verse carteles que prohibían blasfemar y escupir. Sin duda, eran tiempos en los que había que restañar el ateísmo rampante de Azaña y defenderse de la escrofulosis. Era como decir: si escupe hacia arriba, su escupitajo puede caerle encima y si le manda sus escrófulas a la Pacha Mama, ella nos las propagará con creces.Las creencias y la razón, por ese orden, andaban detrás de la prohibición.
Cada persona humana llevamos consigo un legislador, un Júpiter tonante, armado con su égida, dispuesto a establecer orden donde quiera que a nuestro juicio reine el caos; o prevenirlo con anticipación, habida cuenta de la tendencia al escacharre casual del género humano. Es decir, que cada quien corremos el riesgo de convertirnos en dictadores, a poco que veamos la oportunidad de mandar algo, en cualquier sitio.
Quien manda, prohíbe, amenaza con sancionar, exige, impone y castiga se coloca en una posición de superioridad respecto a su interlocutor, al que sitúa abajo. Una orden es una forma de llamar débil mental al otro. No importa que ambos tengan el mismo rango, o categoría social. La similitud queda rota, si media una expresión coactiva, un imperativo, o un juicio de valor degradante, que es una sanción verbal.
La tendencia a imponerse es tan exhaustiva que nos lleva a ponerle puertas al monte, aunque estén construidas con somieres oxidados, de desecho, y a esculpir en granito, de forma indeleble, la titularidad privativa de un terreno.
Actualmente, frente al Escorial, monumento de exactitudes precisas, terrenales y teológicas, en un collado de las Machotas, rezan cuatro órdenes tajantes y cinco prohibiciones taxativas, en un cartel malherido por pedradas y grafitis. No hay amenaza de sanción, porque el cartel es privativo. El sentido lógico de las prescripciones es una obviedad, a poco que piense el senderista; sin embargo, el cartel ha suscitado agresividad de los viandantes anteriores. ¿Por qué?
Quien recibe órdenes se convierte en ordenanza: un ser para obedecer, que necesita que lo dirijan y le adviertan de riesgos, por obvios que sean. Es decir, es un niño por educar, o un mentecato, que no repara en las consecuencias de sus actos, ni calibra eventualidades.
Nadie, apoyándose en sus propios derechos, o en la supremacía ideológica, política, o religiosa que crea tener, puede hacer civilizados a los demás, ni puede imponerles su bondad, o su verdad, de forma coactiva.
Comunicar es poner en común, ir al encuentro del otro y llevarle un compromiso con la verdad, o un acuerdo de intereses, si hace al caso. Comunicar es un proyecto más pretencioso que informar. Con los datos, nutrimos el cerebro del interlocutor y esto llama su atención e interés. Después, hay que apelar a su juicio, para establecer criterio, que podremos compartir y que, tal vez, nos interesa a ambos. La reflexión conjunta salva la autonomía de pensamiento y permite el crecimiento individual.
El cartel en cuestión, tendría un impacto distinto si informara al senderista sobre la altura de la cota, distancia recorrida hasta el monasterio, mapa de la ruta, plantas de la flora y animales de la fauna autóctona, nombres de los lugares aledaños, etc.
A continuación, podría señalar que el paisaje está para ser disfrutado por muchos, si lo cuidamos todos; que los vidrios pueden provocar incendio; que los alimentos humanos están muy elaborados para los animales que viven allí; que plásticos y latas rompen la unidad del paisaje; que los perros sueltos espantan al ganado; que éste pace, según sus necesidades y estercola por todos sitios, alimentando incluso las plantas que no le aprovechan.
El acoso de la comunicación brilla con luz estelar en las relaciones de la Administración con sus administrados. Las leyes suelen aparecer enmarcadas con un preámbulo justificativo, que da carta de naturaleza a su promulgación. Es una concesión al raciocinio. Después, se sucede el rosario de capítulos y artículos, prolijo, cansino, lleno de previsiones y supuestos, detalles, minucias y barroquismos, con los que el juez puede ejercer su oficio y, en la vía administrativa, el funcionario las prerrogativas de su potestad. Sin embargo, el lego, tras leer la ley, queda absorto, cariparejo y abrumado en su nesciencia.
En el pliego de descargos, el alegato sólo puede ser jurídico: el juez sólo habla con otros juristas, dado lo intrincado de la facundia (¡manda huevos!, dijo aquel, con un Doctorado en Derecho) y los altos funcionarios sancionadores, ni siquiera escuchan a sus homólogos, con tal de mantener incólume su potestad y de rodillas al vasallo.
Un error casual, un descuido imprevisto o un atraso en la cumplimentación de un impreso dan lugar a sanciones, a veces terribles y ciegas, que si no vienen prescritas en el decreto de aplicación de la ley, están contempladas en el Código Penal, orgánico, de alto rango, geométrico y exacto como El Escorial. Pero las sanciones sólo son punitivas: cumplir la ley nunca da premio, ni acumula capital de bonhomía. No hay haber posible, sólo el deber; que el vasallo siempre está en deuda, a los pies de su señor.
Y para informar, el B.O.E. sirve y basta. Y el que no lo entienda, que vaya a la Facultad de Derecho, o pague abogados.