La libertad de prensa y la acción de la justicia

Entre las múltiples razones que pueden invocarse para defender la libertad de prensa hay una que me parece esencial. Una prensa libre, por lo pronto, nos permite conocer aspectos poco transparentes de la vida pública que, de otro modo, permanecerían ocultos.

Sería ideal que los hechos de corrupción, o sospechados de tales, se ventilaran y resolvieran por la sola acción de una justicia no complaciente que interviene sobre la base de una denuncia formal. Sin embargo, no es lo que ocurre en muchos países donde la justicia ha sido parcialmente cooptada por el ejecutivo de turno y donde los procedimientos, para peor, son excesivamente lentos.

En este sentido, una prensa libre no sólo revela secretos. También nos sirve de aliciente cuando vemos que algún funcionario termina desplazado como consecuencia de un negociado o un soborno que, gracias al periodismo, tomó estado público quedando expuesto a la sanción moral de la población.

Sin embargo, se trata de un aliciente a medias. En primer lugar, porque una sanción moral no equivale a una sentencia dictada por un juez competente. En segundo lugar, porque una sanción moral poca mella puede hacer en alguien capaz de valerse de fondos públicos para enriquecerse ilícitamente. Le basta, en efecto, con mudarse a otra ciudad o esperar a que el tiempo haga su labor y eche todo al olvido. En tercer lugar (y creo que éste es el argumento principal), porque si el supuesto delito no ha sido probado, la duda se sembrará en aquellos espíritus dignos que todavía creen en la voz de la justicia y en la presunción de inocencia como garantía inherente a todo Estado de Derecho.

En conclusión, sin una prensa independiente no posible concebir siquiera un régimen de libertad. Pero ella nunca puede sustituir a una justicia imparcial sin la cual no sólo la libertad es inconcebible sino también, como enseñaba John Locke, la existencia misma de una sociedad política.