Precocidad sexual

Acá o allá, da igual. En la realidad de esta aldea global constantemente leemos noticias relacionadas con la precocidad del inicio de la actividad sexual en nuestros adolescentes y sus consecuencias. Leer los diarios en España, Argentina, Colombia, Nicaragua, Paraguay o Chile, es igual, esta está resultando ser una práctica generalizada que se convierte en un gran problema de política pública con múltiples aristas.

A pesar de que desde la década de 1970, la fecundidad ha caído fuertemente en América Latina y el Caribe a consecuencia de una combinación de cambios socioeconómicos, culturales, de género y tecnológicos. Proceso que ha sido apoyado por políticas y campañas públicas en favor de la planificación familiar y de la difusión de ideas y pautas de conducta afines al control reproductivo y con mayor variedad de roles sociales y trayectorias de vida, sobre todo para las mujeres. El embarazo no deseado y la procreación prematura siguen siendo comunes, especialmente en los países más pobres con las repercusiones graves y perdurables en los padres, los hijos y la sociedad.

La tendencia nos muestra que desde finales de la década del 80 la fecundidad antes de los 20 años ha presentado una tendencia distinta: primero refractaria a la baja, y luego con una nueva propensión al aumento en varios países. La realidad actual nos muestra que aproximadamente el 35 por ciento de las jóvenes latinoamericanas tienen su primer hijo antes de los 20 años.

Tal como ocurre en muchas otras partes del mundo existen causas culturales y políticas. En lo cultural es cierto que la procreación prematura está profundamente arraigarla en la cultura latinoamericana pero también influyen el inicio cada vez más temprano del ejercicio de la sexualidad en los jóvenes, el impacto incierto que ejerce la “erotización” de los medios de comunicación, incluso en programas dirigidos a niños y adolescentes y la nueva dimensión de inmediatismo y contacto-no contacto de la realidad virtual. En lo político, debe constatarse la insuficiente educación sexual en el sistema educativo en muchos de los países, la falta de políticas públicas de salud sexual y reproductiva para adolescentes y mujeres jóvenes no unidas, y la no consideración de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes.

Las repercusiones son médicas, económicas y psicológicas. Al menos seis adversidades han sido documentadas ampliamente: mayores riesgos de salud, en particular perinatales, obstáculos para la formación escolar y laboral, desventajas en las perspectivas de vida de progenitores y prole, fecundidad precoz más frecuente entre adolescentes pobres, madres adolescentes con mayor probabilidad de ser madres solteras que enfrentan la ausencia e irresponsabilidad de los hombres/padres y fecundidad no deseada con la consecuente privación en el ejercicio de derechos.

La situación desafía a las políticas públicas y delata debilidades diagnósticas y fracasos programáticos. Las intervenciones públicas deben enfocarse fundamentalmente a fomentar cambios tanto en los servicios como en la cultura: fortaleciendo la confianza, el conocimiento de las adolescentes respecto de su vida sexual y el apoyo educacional, asegurando servicios de salud que no estigmaticen y garanticen confidencialidad y dando apoyo en el ámbito familiar para un mejor manejo de estas situaciones.