No hace mucho la Unión Europea (UE) evitó empantanarse en la red de burocracia y la tardanza en las que con desesperante frecuencia suele caer y elaboró un documento conjunto que hacía frente al desafío del Brexit, exponiendo con toda claridad una acertada postura ante las pretensiones de Gran Bretaña de que su decisión de abandonar la UE no tuviera prácticamente consecuencias y pudiera seguir beneficiándose de las evidentes ventajas para sus miembros, pero sin asumir ninguno de sus compromisos. En dicho documento, la UE negaba el reiterado objetivo de la premier británica Theresa May de que se negociara a la vez la salida y la nueva relación entre Gran Bretaña y la UE y que esa nueva relación se vertiera en privilegiadas condiciones.
Igualmente, los Veintisiete abordaban uno de los puntos más preocupantes como es la libre circulación de personas y los derechos de los más de tres millones de europeos afincados en Gran Bretaña, un asunto con el que May jugó en su vano intento de obtener una salida a la carta. Parece que Theresa May no interiorizó el documento. En la presentación ayer de su programa electoral para los comicios anticipados del 8 de junio insistió en reducir y controlar a los inmigrantes europeos con duras medidas, lo que supone una férrea cortapisa a la libre circulación de personas.
Y no solo eso. May dio un paso más al anunciar que duplicará los impuestos a las empresas que contraten a trabajadores extranjeros, de momento extracomunitarios, pero sin aclararlo, lo que hace temer lo peor, si esa medida también afectará a los trabajadores de la UE cuando Gran Bretaña la haya abandonado. Y, en cualquier caso, una medida de esas características rezuma un indeseable intervencionismo y una cerrazón en un mundo globalizado.
Angela Merkel esta misma semana advirtió a May de que no era posible mantener la libre circulación de bienes, servicios y capitales pero no el de trabajadores. Y las propuestas lanzadas por May en su programa ya han sido puestas en entredicho, señalándole que atentan contra la economía británica e implicarían una pérdida de talento y un descenso de la productividad. De hecho, son ya numerosos los empresarios que han manifestado que no podrían subsistir sin personal extranjero. Pero Theresa May sigue erre que erre.
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