El patrimonio subacuático español, hundido por la desidia

A pesar de que España tiene el deber de proteger todos los pecios de su bandera, hasta los años 90 instituciones y administraciones han hecho oídos sordos a esta obligación. El abandono ha sido tal que cualquier medida de protección a estas alturas resulta casi testimonial dado el estado de los restos, esquilmados casi en su totalidad por aficionados al coleccionismo subacuático. Sólo en el litoral catalán hay 800 yacimientos, de los cuales "un 85-90% están ya saqueados”, según el Centro de Arqueología de Cataluña (CAC). Un deterioro que comenzó a ir en aumento a raíz de la práctica del submarinismo.


Las reacciones de instituciones culturales y académicas se han multiplicado desde hace años, aunque su opinión no ha alcanzado la repercusión deseada hasta el año pasado, cuando la empresa "cazatesoros" Odyssey apretó las tuercas a España con el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 y cargada con 15 toneladas de plata y piezas descubiertas por Odyssey como reales, escudos de plata y de oro, todos ellos de la época de Carlos IV. Un expolio que obligó al Gobierno a reflexionar y motivó la aprobación del Plan Nacional de Protección, el pasado noviembre.

La relación que comparten el fondo marino español y la Administración es sencilla de comprender. “Para las autoridades españolas, el tema del patrimonio subacuático es un asunto muy nuevo y, como tal, desconocido”, dice Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). “Empezamos a reaccionar ahora tras el efecto perverso del ‘caso Odyssey’, que ha ayudado para que nos diéramos cuenta de que teníamos un tesoro por el que, por desidia y falta de conocimiento, no habíamos hecho nada”, añade este experto.

En la misma línea, Javier Noriega, arqueólogo y portavoz de Nerea Arqueología Subacuática, afirma que “llevamos denunciando esta situación de abandono por activa y por pasiva y aún faltan medios y tecnología”, asegura.

España es la primera potencia del mundo en "tesoros hundidos", muchos de ellos fruto de los propios expolios que el imperio español hacía de sus colonias. De hecho, la fragata descubierta por Odyssey contiene cientos de monedas acuñadas en Lima. Sin embargo, no por ello Perú podría reclamar tal riqueza ya que la bandera sigue siendo española, aunque se están estudiando fórmulas para compartir el tesoro entre ambos países.

Propuestas para salir a flote
La ausencia de empresas y proyectos en España similares a Odyssey demuestra que no hay un proyecto político en firme ni un desarrollo tecnológico apto para su puesta en marcha. En concreto, sobre los gastos en tecnología, Rodrigo de Larrucea es claro: “Es cierto que supondría una cuantiosa inversión, pero en cuanto a equipamiento, si se quisiera, la Armada española lo tendría sobrado”.

El Partido Popular comparte la misma opinión e instó el pasado viernes al Gobierno a redefinir el Plan Nacional de Arqueología Subacuática, con una proposición no de Ley. Piden que se recomponga el Plan "con una dotación suficiente, ampliación de objetivos de conservación, protección y vigilancia", para lo que la incorporación de la Armada debe ser "ineludible".

Según la Real Academia de la Historia, “la recuperación del patrimonio histórico español es posible con los medios tecnológicos existentes”. El problema viene cuando hay que plantear cómo hacerlo. A juicio de Rodrigo de Larrucea, “si el Ministerio de Cultura estudiara la posibilidad de sufragar este proceso sin iniciativa privada, no podría creérmelo”. Así, el académico considera que la solución pasa por “posibilitar a empresas españolas, con o sin capital extranjero, extraer pecios, y que éstos mantengan la titularidad española”. Una idea que comparte la RAH en su boletín oficial, cuando afirma que “el Estado debe estar abierto a fundaciones y ayudas privadas”.


Unas leyes a la deriva
Otra de las asignaturas pendientes sigue siendo la revisión del derecho marítimo español, además de la ratificación de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, firmada en 2001.

A pesar de que el Artículo 323 del Código Penal señala que será castigado con pena de prisión de uno a tres años el que cause daños en bienes en yacimientos arqueológicos, el profesor de Derecho Marítimo, De Larrucea, denuncia que “sólo hay una sentencia en firme de delitos arqueológicos contra Bienes de Interés Cultural”. Un alarmante dato que, para el académico, “demuestra que ha habido un vacío legal y una ausencia de persecución tanto por particulares, como por la Fiscalía y la Guardia Civil”.