Sáenz de Santamaría, en el convenio del Diccionario del Español Jurídico

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido la firma de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Real Academia Española (RAE) y la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) para interconectar la edición electrónica del Diccionario del Español Jurídico.

Sáenz de Santamaría ha considerado en su intervención que este acto tiene una gran significación y demuestra el esfuerzo de modernización, tanto de la Administración General del Estado como del conjunto de instituciones de la sociedad española. Ha destacado asimismo el espíritu de colaboración entre las instituciones en estos tiempos de "revolución digital"

Una colaboración que ha explicado que es "bidireccional", ya que, por un lado, el usuario de una entrada del diccionario podrá acceder al texto legal citado como fundamento explicativo, mientras que el usuario de las bases legales del BOE accederá a la consulta de las voces de este texto, si precisa de cualquier aclaración conceptual, a través de un mecanismo de búsqueda asistida.

Y ambos usuarios, según ha señalado, podrán también a su vez, acceder mediante enlaces directos a aquellas resoluciones judiciales que aparezcan referenciadas en los lemas del diccionario.

Para la vicepresidenta, la relación entre bases de datos que es objeto del convenio perfecciona el objetivo que señala la introducción del Diccionario del Español Jurídico, "facilitar la revolución de las palabras".

Y lo consigue, ha precisado, con la actualización de los conceptos jurídicos y teniendo muy presente que se está ante una realidad cambiante motivada por la globalización y las nuevas regulaciones económicas. Además, ha subrayado que para lograr este objetivo, los respectivos responsables de las unidades de informática y de nuevas tecnologías compartirán sus experiencias y habilidades, garantizando un coste cero del proyecto.

Para Sáenz de Santamaría, el diccionario objeto de este convenio ayuda al conocimiento inteligente e inteligible del complejo acervo jurídico.

En esa línea, Carlos Lesmes ha destacado que el convenio contribuye al deseo de que la lengua del Derecho sea clara y asequible para los ciudadanos.