PENSIONES
Diálogo de sordos en el Pacto de Toledo tras un año de debates
Efe
sábado 03 de marzo de 2018, 12:40h
Actualizado el: 03/03/2018 12:45h
Después de casi doce meses de discusiones no ha habido apenas avances.
La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso se ha convertido en un diálogo de sordos después de casi un año de debates en los que no ha habido ningún avance en la principal recomendación, la número dos, que pide garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en su revalorización anual.
Exactamente dicha recomendación expone que "la revalorización anual de las pensiones es el mecanismo que sirve para mantener el poder adquisitivo de las pensiones; debe diferenciarse de otras actuaciones dirigidas a incrementar dicho poder adquisitivo".
Bajo esta premisa, PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, Compromís y PDeCAT están de acuerdo en que el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no garantiza el poder de compra, ya que supedita la revalorización sobre todo a la evolución de los ingresos de la Seguridad Social, actualmente en déficit.
El PP se ha quedado solo en defensa de esta fórmula que únicamente ha permitido incrementar las pensiones el 0,25 % en 2016 y en 2017, cuando la inflación cerró esos años en el 1,5 % y el 1,1 %, respectivamente.
Por este motivo, PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT han presentado varias proposiciones de ley para que en 2018 las pensiones suban el 1,6 % (la pérdida de poder adquisitivo de ambos años) y aunque Podemos aboga por volver al IPC, socialistas y nacionalistas catalanes están abiertos a buscar otra fórmula.
Incluso Ciudadanos ha señalado que está abierto a que las pensiones puedan ligarse al IPC, si bien a cambio pide que se apoyen sus propuestas que también benefician a los pensionistas.
Fuentes parlamentarias han señalado a EFE que el Gobierno podría estar analizando un cambio en el IRP para aumentar el 0,25 % de revalorización al 0,50 % o bien para simplificarlo y ligarlo más al PIB, la productividad o los salarios.
La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, ha advertido a EFE de que su formación no apoyará un incremento del 0,50 % o un nuevo indicador que no garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y recuerda que actualmente sólo el IPC es una referencia fiable.
En la misma línea se muestra el PNV que incide en que la inflación es la variable más justa, al tiempo que el PDeCAT está abierto a un nuevo indicador que sea negociado en la Mesa del Diálogo Social y ratificado por el Pacto de Toledo.
El portavoz del PDeCAT Carles Campuzano, uno de los fundadores de esta comisión en 1995, ha explicado a EFE que su propuesta pasa por varias premisas: proteger a los pensionistas más modestos cuando haya una baja inflación, subir las pensiones en momentos de crecimiento del PIB y crear una fórmula de revalorización anual ligada o bien a salarios, o a precios, o con ambas variables.
También aboga por establecer una cláusula para que en periodos de recesión los pensionistas más modestos no pierdan poder adquisitivo y los que más cobren "se ajusten el cinturón".
Campuzano también se ha mostrado contrario a un cambio en el IRP que conlleve un aumento del 0,50 % de revalorización y recuerda que ningún país europeo tiene un indicador similar.
Perea insiste en que "si no hay una reforma con la revalorización, el sistema de pensiones deja de tener sentido y al final habrá prestaciones de beneficencia" y está decidida a no seguir negociando más recomendaciones del Pacto de Toledo si no hay un cambio en la número dos.
Por su parte Campuzano aboga por desvincular la propuesta de subida del 1,6 % de las pensiones en 2018 a la nueva fórmula que debe negociar en el Pacto de Toledo y critica la falta de "liderazgo del Gobierno" para exponer iniciativas en este foro.
La Mesa y Portavoces volverá a retomar el debate el próximo miércoles, una semana antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el pleno del Congreso para exponer sus propuestas.
Lo cierto es que el Pacto de Toledo empezó a finales de marzo a debatir las 21 recomendaciones que mandata la comisión cada cinco años y sólo ha llegado hasta la número 11 (contributividad y periodo de cálculo para cuantificar la pensión), dejando atrás las medidas más problemáticas de acordar pero claves en el sistema.
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7562 | José Miguel Sánchez Godínez - 03/03/2018 @ 13:02:16 (GMT+1)
PENSIONES SOSTENIBLES
Es curioso que cuando se habla de mayor coste empresarial, nadie habla de que en los próximos años se van a sustituir miles de puestos de trabajo -realizados hoy por personas- por robots. De hecho, ya está ocurriendo (fabricantes de vehículos y banca son los sectores más a la vista de todos aunque existen otros muchos sectores que están realizando ERES para eliminar “lastre”, eliminar el componente humano –“el gasto”- en la cadena de fabricación) Por tanto, ese supuesto mayor coste empresarial ES FALSO.
Muchas empresas amortizan puestos de trabajo realizados por personas, con el consiguiente ahorro laboral al sustituirlo por máquinas o robots convirtiendo ese “gasto que suponen las personas” en “inversión” más lo que supone en sus balances la desgravación y amortización por inversiones trabajando sin nómina ni pago de Seg. Social. No solo no habrá coste sino que recuperan lo invertido mediante la amortización correspondiente.
Como hasta hoy el pago de las pensiones se nutre de la aportación a la Seguridad Social de un porcentaje que pagan las empresas más un porcentaje que paga el trabajador,
la solución definitiva (sin aumentar impuestos) pasa por:
1. Modificar el actual método de financiación de las pensiones (por ej. mochila austríaca con matizaciones: es decir, sería el Estado quien “custodiase y garantizase” dicha mochila)
Asombra que existan tanto empresas como trabajadores que pretendan “escaquear” los costes sociales y, sin embargo y a pesar de ello, busquen conseguir beneficios de todo tipo.
2. (Para la empresa) Sustitución de las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa por cuotas empresariales "atendiendo a la facturación realizada y no al coste laboral" como medida de cálculo para la cantidad a cotizar al sistema de pensiones.
Simplemente cambiaría el cálculo de aportación, en vez de estar basado en el del personal de la empresa (completamente variable y con tendencia a disminuir) por el de facturación (que aunque variable, siempre tendería a aumentar) En realidad, para la empresa no habría mayor incremento ya que se sustituye un porcentaje por otro. En todo caso, habría una disminución del porcentaje. Estaría controlado y fiscalizado a través de las declaraciones a la Agencia Tributaria.
La empresa busca siempre ajustar el coste de mano de obra a su producto hasta el punto de que si puede prescindir de ella lo hace o lo hará. Esta realidad parece tener el beneplácito del sentido común y estar económicamente justificada. No sólo con máquinas o robots sino sustituyendo incluso personal asalariado por autónomos. De hecho, incentivan a ciertos grupos de trabajadores a dejar de estar “en su nómina” para “comprarles” los mismos servicios “vía autónomos”. Evidentemente, es tendencia natural y lógica que progresivamente las empresas vayan mermando al mínimo exigible en su cadena de producción los gastos de personal –partida importante dentro de la cuenta de resultados- con el consiguiente ahorro de costes salariales (nóminas y gastos de Seguridad Social)
3. (Para el trabajador, sea asalariado o autónomo) Computar toda la vida laboral del trabajador con vistas a la pensión que le corresponda (así cotizaría desde el principio "el máximo posible" evitando escaquear cotizaciones, lo que se ha estado haciendo por la picaresca de que sólo te computaban los 15 últimos años, hoy los últimos 21, para el cálculo de la pensión)
4. Eliminar las prejubilaciones por debajo de los 60 años.
Si la media de vida en la actualidad se sitúa en 85-87 años, pudiendo llegar según tendencia natural incluso a más edad… ¿Cómo es posible que sea sostenible que personas prejubiladas con 52-55 años de edad media viva de una pensión el resto de su vida prácticamente los mismos años que ha cotizado?... Independientemente de que el periodo que va desde la prejubilación hasta la edad legal vaya a cargo de la empresa en cuestión (el coste de esta partida sigue siendo importante)
¿Qué sociedad, con un mínimo sentido de la realidad, puede pretender que el sistema de la Seguridad Social mantenga a sus integrantes económicamente más años de los que los individuos que la componen hayan podido cotizar habiendo pagado durante su vida activa diferentes cantidades, normalmente progresivas de menor a mayor?... Incluso que hayan aportado menos dinero del que puedan recibir hasta el final de sus vidas. Es literal y matemáticamente imposible mantener a todos los individuos y que no colapse el sistema sin detrimento de las pensiones.
5. Compatibilizar poder cobrar un porcentaje de la pensión más el alargamiento de la vida laboral (esto ya existe en la actualidad) como forma de, por una parte, no tener que pagar el Estado el 100% de la pensión hasta que se jubilase definitivamente y, por otra, permitir que voluntariamente pueda alargar su vida laboral el trabajador que así lo desee generando ingresos, al menos hasta los 70 años, siempre que la salud lo permita. Hoy la esperanza de vida es mucho mayor de cuando se implantó el sistema de jubilación, y
6. Modificar el sistema de cálculo del IPC mediante el cual se actualizarían las pensiones. En la actualidad se utilizan una serie de imputs que nada tienen que ver con las necesidades reales de los jubilados. Habría que reclasificar más acertadamente los sectores en los que se basa dicho cálculo. En realidad, habría que realizar diferentes cálculos del IPC como “vara de medir” en virtud del sector hacia el que su referencia ayude a la aplicación del mismo.
Con estas medidas, aunque puedan parecer simples, quedaría resuelto el problema del déficit de la Seguridad Social de una vez por todas.
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