La medida afecta a los cinco diputados autonómicos Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Sànchez.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este martes dar por terminada la causa del procés y ha ordenado suspender de funciones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados procesados por rebelión que están en prisión (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez).
Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.
La medida afecta a Puigdemont, Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Sànchez, pero no así al exconsejero fugado en Bélgica, Antoni Comín
El juez explica que la medida de suspensión es "automática" y deja a la Mesa del Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.
Con todo, recuerda que se trata de una medida provisional, que quedaría sin efecto en caso de que no se les acusara de rebelión o quedaran en libertad provisional, lo que supondría la inmediata reactivación de sus derechos.
La sugerencia de Llarena al Parlament sobre la sustitución temporal va en la línea de su decisión al inicio de la investigación de autorizar la delegación de voto de los diputados presos. El juez hace referencia a la "lógica y legítima aspiración" de sus formaciones políticas "de mantener la mayoría parlamentaria obtenida en los comicios" sin adoptar la medida irreversible de retirarles el acta de diputados.
El único diputado procesado por rebelión y con una orden de entrada en prisión provisional que se queda fuera de la suspensión de cargo público es el exconsejero fugado a Bélgica Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.
La conclusión de la causa afecta únicamente a los procesados que se encuentra a disposición del juez instructor. Respecto a los que están huidos de la justicia (Puigdemont, Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel), el juez los declara en rebeldía y lleva su caso a una pieza separada que queda suspendida hasta que estén a disposición de la justicia española.
El juez ha decidido cerrar el sumario y rechazar la práctica de nuevas pruebas que habían solicitado varias de las defensas y la acusación que ejerce VOX porque las considera innecesarias al estimar que son redundantes con otras ya realizadas o que no permiten esclarecer hechos que influyan en la tipificación de los hechos o en la participación de los implicados. Por ello, y ante "la necesaria celeridad que impone la prisión preventiva de algunos de los procesados", ha acordado el fin de la instrucción.
Entre otras pruebas, rechaza la declaración como testigos de Artur Mas y Neus Lloveras, o la de el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero o del número dos de Junqueras en el Govern, Josep María Jové.
Cierra la instrucción y remite a la sala de enjuiciamiento del Supremo todos los recursos que quedan pendientes de resolución
Tampoco acepta incluir las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona sobre la actuación policial durante el 1-O, pues argumenta que, con independencia de que ese comportamiento pueda tener alcance penal en otro procedimiento, "carece de capacidad para modificar la calificación y responsabilidad por rebelión, sedición, malversación o desobediencia" que se investiga en el Tribunal Supremo.
Ni admite la petición de Puigdemont de reiterar todas las pruebas realizadas hasta que fue detenido el 25 de marzo en Alemania y pasó a formar parte del procedimiento, pues tiene a su disposición todas las diligencias y ha podido pedir las aclaraciones concretas o nuevas diligencias que considerara oportunas.
Ahora, cierra la instrucción y con ello su competencia sobre la causa y remite a la sala de enjuiciamiento del Supremo todos los recursos que quedan pendientes de resolución o la decisión sobre los que puedan presentarse ahora.
Por último, el instructor da el visto bueno a la fianza de 2,1 millones ingresada por la Asamblea Nacional Catalana para cubrir las responsabilidades económicas a las que podrían ser condenados los procesados por malversación.
Si (
No(
