El expresidente catalán podría haber incurrido en un delito de estafa procesal.
La querella presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y sus exconsejeros contiene errores de traducción al francés de palabras del juez Pablo Llarena. Así lo ha reconocido el abogado del ex president, Gonzalo Boye, que coordina la defensa de Puigdemont ha reconocido los errores de traducción que, sin embargo, no parecen inocentes: donde Llarena habría dicho "si es que ha sido así", la traducción en la demanda presentada decía en francés "sí, así ha sucedido", de una frase que introducía una duda a una afirmación tajante.
En concreto, las declaraciones de Llarena tras participar en un curso en Oviedo fueron: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".
Sin embargo, en la traducción jurada al francés, esa última frase aparece en sentido afirmativo y no como condicional: "Y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación"..
El próximo 4 de septiembre, el juez está llamado a declarar en Bélgica, y su defensa ha sido motivo de una agria controversia política en España, donde el presidente del Gobierno se ha enfrentado a su ministra de Justicia y a la vicepresidenta del Gobierno, al asegurar que la defensa de Llarena es un asunto de Estado y no una cuestión privada. También le ha enfrentado a sus socios políticos que le auparon hasta Moncloa, desde Podemos hasta los secesionistas catalanes.
Estafa procesal
El Código Penal prevé en su artículo 250.1.7º el delito de la llamada "estafa procesal". Esta consiste en "manipular las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplear otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses (...) de la otra parte o de un tercero".
A juzgar por la controvertida (y poco casual) redacción de la querella de Puigdemont, este "error de traducción" bien podría inscribirse en este tipo delictivo, penado con hasta seis años de prisión.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe preguntarse qué postura tomará el Gobierno de Sánchez, cada vez más acorralado, y ya sin opción alguna de mantener su talante apaciguador: ¿Denunciará a Puigdemont a través del bufete belga que ha contratado o continuará esperando y manteniendo un perfil bajo?
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A favor (
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