Un comité en el que participó la vicepresidenta Calvo afirma que la Mezquita-Catedral de Córdoba, en manos del clero desde 1236, "no es de su propiedad".
El revanchismo continúa. Tras la exhumación de Franco, el Gobierno "progresista" parece haber puesto el foco en los bienes de la Iglesia. Una comisión de expertos en la que participó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido que la Mezquita-Catedral de Córdoba "nunca" fue propiedad de la Iglesia y ha planteado recurrir al Tribunal Constitucional la inmatriculación del monumento, mientras que el Cabildo de la ciudad ha apelado a la "responsabilidad".
Según el informe, la Iglesia "no tiene, ni puede tener título de propiedad alguno" sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba "inmatriculó a su nombre la 'Santa Iglesia Catedral'" en 2006. Además, el informe considera "injusta" la situación actual y "lesiva para los intereses de la ciudadanía" y propone una serie de actuaciones para "solucionar el conflicto planteado" tras la inmatriculación.
Entre ellas, se plantea "recabar los apoyos parlamentarios necesarios" para llevar a cabo un "recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", con el objetivo de "anular" la inscripción de la "Santa Iglesia Catedral".
El Cabildo de la Catedral de Córdoba no ha tardado en pronunciarse, aduciendo que "numerosas instancias judiciales y de la Administración" han reconocido que el templo "es propiedad de la iglesia desde 1236" y ha señalado que en 2014 el Ministerio de Hacienda confirmó que el mismo "no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado".
Esta institución también pone de ejemplo el Convenio de Colaboración suscrito con la Junta de Andalucía en 1991, en el cual se reconoce a la institución eclesiástica como titular del monumento. Por ello, el Cabildo ha pedido "responsabilidad a los políticos e instituciones" para que "no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba".
Por su lado, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado que elevará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el informe para que lo tengan en consideración. Ambrosio ha asegurado que su encargo por parte del Ayuntamiento se debió a la necesidad de "buscar nuevas vías" para defender la titularidad pública del monumento.
En esta tesis, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza ha apuntado que con el informe queda "demostrado" que la Iglesia "nunca" ha sido propietaria de la Mezquita-Catedral y que la inmatriculación realizada en 2006 fue "indebida".
Al respecto, el presidente del foro "Europa Ciudadana", José Carlos Cano, ha considerado que el informe es un "ataque" a la libertad religiosa y "ofrece argumentos sin base jurídica alguna", por lo que la polémica sobre las inmatriculaciones "es artificial y basada en cuestiones ideológicas y no jurídicas".
El informe ha sido elaborado por Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento porque dejó comisión tras su nombramiento para formar parte del Gobierno.
Una nueva desamortización
El caso de la Córdoba ejemplifica a la perfección ese revanchismo guerracivilista del que la falsa progresía hace gala cada vez que llega al poder.
En los poco más de tres meses que lleva al cargo, el Ejecutivo de Sánchez ya ha puesto al ministerio de Justicia a elaborar una relación de bienes para constatar que la Iglesia no ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, en cuyo caso se procederá a "una depuración física y jurídica".
Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien, en declaraciones a Efe, ha explicado que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución".
Esta "depuración" se hará conforme al "derecho sustantivo material", que a su vez está sometido a los principios constitucionales de "inalienabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad de los bienes de dominio público", según figura en la respuesta parlamentaria del 5 de septiembre, adelantada hoy por la Cadena Ser.
La Iglesia pudo registrar esos bienes a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, que daba a esta institución la potestad de actuar como una institución pública.
Hurtado se ha mostrado seguro de que en el listado, que tiene previsto hacer público el Ministerio una vez lo tenga listo, "va a haber iglesias, catedrales, plazas públicas, murallas, edificios históricos, va a haber de todo".
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