Analizará su impacto y fijará su posición en la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno prevé fijar el próximo jueves su posición sobre la decisión del Tribunal Supremo en torno al pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas tras analizar con detenimiento esta resolución. Fuentes del Ejecutivo se han limitado a informar de que el Gobierno va a analizar el impacto de esa decisión y fijará su posición en la reunión del Consejo de Ministros del próximo jueves.
Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado ha manifestado que "hay que respetar" las resoluciones judiciales.
"Desde el Partido Popular vamos a plantear en La Ley de contratos de crédito inmobiliario cambios en la distribución de los gastos derivados de las hipotecas. Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD", ha escrito Teodoro García Egea, secretario general del PP, en Twitter.
"Incomprensible. No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro", ha escrito Albert Rivera en Twitter.
Alberto Garzón, por su parte, ha utilizado su cuenta en Twitter para manifestar su opinión al respecto: "¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia! Indignante, lamentable, un despropósito impropio de una democracia: el Supremo decide que pagan los cliente".
Por el contrario, ERC y PDeCAT han criticado la "falta de independencia" del poder judicial ante la nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la hipoteca y los independentistas han señalado que pedirán la dimisión del presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes.
La diputada de ERC Carolina Telechea ha señalado en el Congreso que la decisión del Supremo de hacer pagar al cliente este impuesto es un "claro ejemplo de que no hay separación de poderes y que la banca está por encima de todos". "Esto no ocurre en cualquier país democrático", ha señalado tras mostrar su sorpresa por la rectificación de una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace tres semanas y que imponía a la banca el pago de este gravamen.
Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su "gestión pésima" del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de "bochornosa". A juicio de la OCU, se trata de una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.
Las patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, han destacado que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado.
"Esta decisión está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno", añaden una vez conocida la nota informativa del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que durante dos días ha analizado la doctrina de la reciente sentencia que consideraba que la banca debía pagar ese impuesto
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