Beatriz Uriarte, abogada penalista
La abogada penalista Beatriz Uriarte, especializada en casos de violencia machista y delitos sexuales, directora del área de procesal penal en Ospina Abogados, defiende que "las fases de investigación e instrucción no pueden suponer en ningún caso un juicio previo" para las denunciantes. Así como la importancia de que las declaraciones "tienen que ser claras y sin contradicciones, naturales y espontáneas", afirma.
PREGUNTA. Los datos estadísticos que arrojaban las instituciones a mediados del año pasado indicaban que se habían reducido las denuncias por violencia de género interpuestas durante el confinamiento. Una vez caído el Estado de Alarma hemos visto que se han disparado. Como profesional tiene una explicación a este hecho.
RESPUESTA. Nada apuntaba a que la violencia contra la mujer hubiera disminuido durante los meses del confinamiento, lo que sucedió es que se silenció tras las puertas de las casas; en televisión sólo se demandaba información relativa a la COVID por políticos que no querían dar la voz de alarma... y ahora tenemos el duro resultado.
Los datos estadísticos chocaban con la realidad, pues lo que sí aumentaban eran las llamadas al 016, a otros medios telemáticos de consultas, a mi propio despacho y supongo que al de muchos compañeros de profesión.
Que las estadísticas no lo recogieran no significaba que la violencia no se estuviera produciendo.
Beatriz Uriarte, abogada de Ospina Abogados
P. ¿Podríamos decir que hace falta creer más a las mujeres?
R. Es necesario que las mujeres que denuncian no tengan que pasar una y otra vez por un proceso revictimizador. Soy abogada, sé que el testimonio de la víctima es la pieza clave sobre la que trabajar, pero considerando lo largo que son los procesos judiciales en nuestro país, las fases de investigación e instrucción no pueden suponer en ningún caso un juicio previo. Es un proceso muy duro para las víctimas, aunque en descargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad diré que cada año avanzamos hacia un escenario más adecuado, donde la formación de todas las partes implicadas es clave.
P. Y en este proceso dígame algún elemento que sea fundamental para que gane peso el testimonio de la mujer.
R. Es complicado determinar cuál puede ser la pieza clave, seguramente sean muchas pequeñas piezas, pero desde mi posición de abogada penalista tengo que resaltar la importancia de que la víctima sea asistida casi siempre por un abogado porque, normalmente, su única prueba es su declaración. Y esta tiene que ser clara y sin contradicciones, algo muy difícil de gestionar para quién acaba de vivir un episodio traumático como puede ser una agresión sexual, o la propia incapacidad sobrellevada de una mujer que trate de sintetizar en pocos minutos todo el recorrido de su sufrimiento durante largos años de maltrato.
P. Y en este tornado de noticias ¿cómo valora el testimonio de Rocío Carrasco para la lucha contra la violencia machista?
R. No cuestiono el testimonio de la señora Carrasco ya que no obran en mi poder las pruebas para saber si su relato tiene sustento o no. Pero ante un caso televisado mediante un formato de "documental y reality" creo que la prudencia marca la línea y me permitirán que no lo utilice como el paradigma contra la violencia de género. En su caso la jueza de Alcobendas, que llevaba la investigación, dictó lo conocido como auto de Procedimiento Abreviado por considerar que había indicios criminales suficientes para ir al juicio oral. Sin embargo, la Audiencia Provincial, cerró el caso. ¿Es esto justo? No seré yo quien lo juzgue, pero mucho hay que mejorar en la justicia española. Por ello, reitero que guardo todo mi respeto al testimonio ofrecido, estoy convencida que servirá de espejo para otras muchas mujeres, pero yo como abogada penalista no estoy para prejuzgar.
P. Para terminar ¿cuál cree que está siendo el mayor problema de las administraciones en cuanto al aumento de asesinatos por la violencia de género?
R. Formación, protocolos rápidos y adaptados a los nuevos tiempos, y creo fundamental acabar con la falta de monitoreo y de seguimiento de los casos. Dotemos, por ejemplo, de medios a la policía para que las órdenes de alejamiento puedan ser efectivas. Y por supuesto una mayor inversión en medidas de reeducación para los condenados, con el fin de evitar la reincidencia.
También, desde mi punto de vista, debe considerarse como una obligación ineludible del Estado el acompañamiento de la víctima antes, durante el juicio y posteriormente, a veces las víctimas tienen ganas de dejarlo todo ante las trabas del proceso penal. Es muy posible que la denunciante, esa persona que ha sufrido un abuso, tenga dudas e inquietudes más allá del aspecto jurídico, y créame que a los letrados hoy en día se nos está asignando un papel muy por encima de nuestras obligaciones que, aunque lo hacemos muy gustosamente, al menos en mi caso, no siempre es lo más conveniente.
Además, como respondí recientemente a un compañero suyo en otra entrevista: Las abogadas expertas en violencia de género hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudar a las víctimas, pero sin cambios legislativos, todo es insuficiente.
Beatriz Uriarte y Juan Gonzalo Ospina, abogados penalistas
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