Sánchez y Puigdemont, la pareja que se dispone a acabar con la democracia española

Los políticos que todavía defienden la Constitución, como muchos socialistas, los juristas más relevantes, los medios de comunicación independientes y la inmensa mayoría de los españoles han denunciado la deriva de Pedro Sánchez, que se muestra dispuesto a ceder a las exigencias del prófugo de Waterloo con tal de permanecer en La Moncloa. Nada ni nadie parecen capaces de frenar el atentado a la democracia y al entero Estado de Derecho que se avecina; para empezar, con una ley de amnistía inconstitucional que deroga la transición y aniquila la democracia española actual. Porque el presidente en funciones y sus palmeros, con Yolanda Díaz al frente del golpe, hacen oídos sordos al clamor de los demócratas españoles con la patraña de una soberanía popular conformada por aquellos que quieren romper nuestra nación. El Gobierno ha desguazado la maquinaria del Estado que logró frenar el golpe que intentaron dar los secesionistas catalanes hace apenas 6 años.

En efecto, el histórico discurso del Rey del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal, puso en marcha la por entonces potente maquinaria del Estado para aplastar la rebelión. Felipe VI denunció la deslealtad de la Generalidad y proclamó “el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia”. Sólo veinticuatro días después, el Senado aprobaba por una apoteósica mayoría absoluta con los escaños del PP, del PSOE de Pedro Sánchez y de Ciudadanos la aplicación del artículo 155. El Gobierno de la Generalidad fue destituido y Puigdemont huyó cobardemente a Bélgica. Se paró en seco el golpe de Estado.

En efecto, el Gobierno del PP, el PSOE, Ciudadanos, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la mayoría de los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, las principales empresas catalanas, millones de ciudadanos con sus manifestaciones en defensa de la unidad de España; esto es, el Estado español en su conjunto desbarató la ilegal y anacrónica pretensión de los soberanistas catalanes.

Pero ahora el PSOE negocia con el delincuente que su propio líder, Pedro Sánchez, prometió detener y traer a España para que diera cuentas ante la Justicia. El Tribunal Constitucional está controlado por Conde Pumpido, un lacayo del presidente en funciones, que si es preciso autorizará la ley de amnistía y, llegado el momento, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y en buena parte de los medios de comunicación se aplaude el golpe antidemocrático con la excusa de ser el “antídoto contra la ultraderecha”. España entera asiste impotente a una maniobra del populismo comunista que destruirá las bases de la convivencia creadas en la transición democrática. Y, si prospera, los derechos y libertades conseguidos durante los últimos 45 años serán aniquilados durante la legislatura del Gobierno Frankenstein al cuadrado. Nuestro país se parecerá más a las dictaduras de Cuba o Venezuela que a las democracias occidentales. Y, por lo que parece, nadie es capaz de evitarlo.

Alberto Núñez Feijóo declara en una entrevista en La Razón que si “hay ley de amnistía, habrá respuesta judicial, política y electoral”. Mientras, Pedro Sánchez prepara el atropello a la democracia que eludirá al Consejo de Estado y al Senado porque la ley será tramitada de urgencia en el Congreso. Y es que, para el líder socialista es urgente, pues Puigdemont, en su amigable paseo por el Parlamento europeo, ha comunicado a Yolanda Díaz que sin amnistía no hay investidura. Y ésa, y no otra, es la razón de Pedro Sánchez para poner a España en manos de los golpistas. Ésa es la razón por la que el presidente en funciones está dispuesto a dar el golpe de gracia a nuestra democracia. Ojalá Núñez Feijóo tenga razón y los “mecanismos judiciales frenen la impunidad”. Pero, hoy, la frase del líder del PP sólo suena a un utópico deseo. A un grito de socorro.