Vox ha pedido este lunes a las Mesas del
Senado y del
Congreso que soliciten informes al
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la proposición de ley de amnistía planteada por el PSOE en el Congreso de los Diputados tras sus pactos con los partidos independentistas.
Fuentes del partido de Santiago Abascal, que también han pedido que se reclame un informe al letrado mayor del Senado, han apuntado que se trata de una acción perfectamente asumible por la mayoría absoluta del PP en el Senado que le permitiría contar con criterios técnicos precisos para "armarse de razones" y decidir que "esto no lo tiro hacia adelante" y se queda sin tramitar.
Esta sería una de las medidas que deberían adoptar los populares "si se creen de verdad" que el Gobierno de Pedro Sánchez está promoviendo el "mayor ataque al Estado de Derecho" desde la aprobación de la Constitución en 1978.
Otro camino que podría seguir el PP, en coordinación con Vox, sería, según las fuentes, que el Senado impulse ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto institucional con el Congreso para que la corte de garantías determine si el Senado está capacitado para admitir o no admitir proposiciones de ley promovidas por los partidos del Gobierno. "Es la hora de las instituciones", apuntan desde Vox, que remiten al artículo 2.1.d de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en el que se establecen su funciones.
Reconocen que quieren provocar ese conflicto institucional entre las dos cámaras de las Cortes Generales e insisten en que es posible a pesar de que el PP lo niegue. "Tampoco era posible hace seis meses una ley de amnistía y (...) que pudiera ser aprobada por el Congreso" ni tampoco que el letrado mayor de la Cámara baja "cambiara de un día para otro", indican.
Según la formación de Santiago Abascal, que precisa que no se trata de un control previo de constitucionalidad, se están produciendo situaciones que obligan a mantener "una interpretación del Derecho con sentido", por lo que se pregunta si ya hay que dar por sentado en España que "leyes que son inconstitucionales desde el principio pueden tramitarse".
Es, citan a modo de ejemplo, como si se quisiera instaurar la esclavitud. "¿Qué hacemos? ¿lo debatimos?", preguntan, al tiempo que reconocen la complejidad jurídica de enfrentarse a un asunto sobre el que "no hay antecedentes" jurídicos.
Pero insisten en la necesidad de actuar antes de que sea aprobada por el Congreso, porque, de lo contrario, creen que se estaría tratando de descargar la responsabilidad a los jueces. "El que no vea que hay una estrategia para socavar el Estado de Derecho tiene que mirar más y, si la ves, tienes que actuar" aprovechando los mecanismos que hay al alcance, subrayan en Vox.
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